En su capacidad como representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Lisie J. Burgos Muñiz, ha presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud de Sentencia Declaratoria, Entredicho Preliminar y Permanente en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, el Administrador de dicho cuerpo legislativo, Manuel Díaz Espino, el Sargento de Armas de la Cámara de Representantes, Luis Ramos Rivera, y su Secretario, Javier Gómez Cruz.
La demanda solicita que se declare que la más reciente orden administrativa emitida por el presidente de la Cámara de Representantes, y ejecutada por los demás demandados en carácter oficial, implementando la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las facilidades de este cuerpo legislativo es inconstitucional, pues impide que la representante ejerza sus funciones, constitucionalmente protegidas, de manera arbitraria y caprichosa. Así, se solicita como remedio que el tribunal emita una orden de entredicho preliminar y permanente ordenándole a los demandados cesar y desistir de incurrir en conducta ilegal para con la demandante.
“Lisie, en su capacidad de representante elegida por el pueblo, es portavoz en la Cámara de Representantes de la minoría política que representa a Proyecto Dignidad, y como legisladora ha sido una defensora, mediante legislación y mediante el debate en las comisiones, y en el hemiciclo, de una política pública contraria a la imposición mediante ordenes administrativas y ejecutivas de la obligatoriedad de mascarillas y vacunas, promoviendo que el Estado implemente una política pública de educar a la ciudadanía y proveer la información certera y fidedigna a su haber, permitiendo que la ciudadanía tome decisiones informadas sobre su salud”, indicó Javier Jiménez, presidente del partido Proyecto Dignidad.
“La exigencia impuesta por el presidente de la Cámara que obliga al uso de mascarillas bajo la actual coyuntura, carece de justificación alguna y del más mínimo sentido de razonamiento lógico. Es un acto no solo ridículo e irresponsable sino profundamente abusivo y atropellarte que lacera los más elementales principios de derechos civiles y libertades democráticas de todos los ciudadanos, garantizados por nuestra constitución. Así también, la arbitrariedad de este mandato revela un desprecio total por el derecho de las minorías en la Cámara al colocar a la representante en la posición de escoger entre ejercer sus funciones o actuar contrario a su conciencia y creencias políticas, y las de aquellos que representa con su voz y voto en el proceso legislativo ante la Cámara de Representantes”, añadió Jiménez.
“Tal proceder es una violación a los derechos de las minorías y una violación al libre ejercicio de la expresión política en el recinto donde el Estado debe salvaguardar la más amplia protección de este derecho. Apoyar el proceder del presidente de la Cámara, y los demás demandados, constituye un nefasto precedente para los miembros de esta Cámara de Representantes, que estoy segura en un futuro podrían sufrir en carne propia la restricción de derechos en el ejercicio de sus funciones que hoy Yo he decidido defender. Esperamos que el Honorable Tribunal atienda con premura nuestro reclamo y evite que siga siendo atropellado mi derecho como legisladora electa, el de todos mis compañeros legisladores, así como el de nuestros constituyentes, a los cuales represento”, explicó Burgos Muñiz, como portavoz de Proyecto Dignidad.
Proyecto Dignidad es un partido político que busca provocar cambios beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y largo plazo. Surge como respuesta a las malas prácticas de los distintos gobiernos de las pasadas décadas. Durante mucho tiempo se ha delegado en los partidos tradicionales el bienestar de la vida puertorriqueña y los mismos han fallado repetidamente, llegando al punto de destruir al país, lacerando y devaluando su dignidad como pueblo. Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones han decidido organizarse para gestionar y provocar cambios que redunden en beneficio para Puerto Rico.
El objetivo es transformar las malas prácticas del gobierno que han llevado a la Isla a una quiebra moral, social y económica. Como partido civil de valores conservadores Proyecto Dignidad constantemente somete propuestas para todas las áreas de la sociedad, afirmando que el esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a lograr el bien común para las familias y las comunidades.
