(San Juan, P.R. – 7 de febrero de 2024) – La Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor realizó una vista pública para investigar dos informes de auditoría relacionados a las operaciones de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (Junta).
El representante José “Conny” Varela, quien presidió la vista pública explicó que el objetivo es conocer los hallazgos sobre la operación de la Junta antes mencionada.
“Principalmente, esta audiencia pública es para recibir información sobre los hallazgos de la Oficina del Contralor respecto a estos dos informes (DA-19-14 y DA-22-08). Dichos informes tratan el tema del retraso en el manejo de querellas por impericia médica, así como el manejo de documentos”, afirmó Varela Fernández.
La contralora Yesmín Valdivieso sostuvo que el informe de auditoría DA-19-24 fue auditado en el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2018, encontrando deficiencias en los procesos de investigación de las quejas por conducta no profesional e impericia médica presentada por la Junta.
Además, la funcionaria indicó que se encontró ausencia de un administrador de documentos.
“El examen de los controles administrativos e internos relacionados con la Unidad de Archivo reveló que, al 31 de octubre de 2018, la Junta no había nombrado un administrador de documentos, como lo establece el Programa Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva”, dijo Valdivieso.
Asimismo, indicó que respecto al informe DA-22-08 ha habido atrasos en las investigaciones o las querellas presentadas a la Junta y también deficiencias relacionadas con el sistema de archivo de los expedientes médicos.
Respecto a los atrasos en las investigaciones, la Contralora resaltó que la Junta tenía pendiente de resolver 568 casos. “Según certificación del 30 de agosto de 2021, había 160 casos de conducta no profesional pendientes de resolver”.
Ante estas fallas, Valdivieso recomendó efectuar las gestiones necesarias y asegurarse de que el archivo de los expedientes médicos se organice de forma adecuada, cuente con suficiente iluminación, “de manera que los expedientes sean localizados con prontitud y tengan la seguridad adecuada”.
Ante las denuncias presentadas, la directora ejecutiva de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Dana Miró, expresó que se firmó un acuerdo de entendimiento con el Departamento de Justicia (DJ) que permitió el envío de un abogado contratado a las instalaciones de la Junta para atender los casos de impericia médica.
“Tengo que decir que, la carga mensual de los casos que se reciben directamente por parte de las aseguradoras es abrumadora. Así que solicitamos a Justicia la designación de otro abogado para atender estos casos de carga excesiva”, sostuvo Miró, quien también mencionó que contrató a la compañía Access para organizar y clasificar todas las cajas de expedientes de médicos fallecidos que ocupaban gran parte del espacio destinado a un área de la Junta.
A preguntas del legislador Varela sobre las querellas presentadas y los resultados ante la Junta, Miró indicó que desde enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año se registraron 308 casos, y hasta la fecha actual del presente año se han reportado 305 casos.
De su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz Vélez apuntó que la ineficiencia de la Junta en el manejo de los expedientes médicos y de los datos necesarios para corroborar el estado de la práctica de la profesión médica en Puerto Rico es un problema recurrente.
“Este problema es uno repetitivo que afecta la estructura del sistema de salud, desde los procesos de credencialización para los fines de contratación de los médicos por las aseguradoras, hasta la recopilación de las estadísticas necesarias para justificar, a nivel del Congreso de los Estados Unidos”, enfatizó Díaz Vélez.
A su vez, destacó que cursó una carta a la Junta solicitando que le suministre información y documentación atiende a los hallazgos de la Oficina del Contralor en las dos últimas auditorías, lo cual nada se les proveyó.
“De estas auditorías, lo que más llamó la atención fue la carencia y la debilidad de los Planes de Acción Correctiva ante los señalamientos, y posteriormente, el incumplimiento con los mismos”, afirmó Díaz Vélez, quien agregó que hay que tener una agencia que certifique a los médicos.
“Dedíquese a emitir licencias. Nosotros bregamos con esa certificación, si nos dan el poder y que la Junta use sus recursos para otra cosa”, propuso el presidente del CMCPR.
Al concluir, el representante Varela expuso que es crucial tener una Junta que sea efectiva para no perjudicar la salud del pueblo puertorriqueño. “Es importante seguir atendiendo con urgencia las fallas que hay en la Junta para que nuestra gente no se vea perjudicada”, puntualizó el legislador.
