El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, se reunió hoy con la jefatura de la región de Bayamón del Negociado de la Policía (NPPR) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y de la fiscalía del Departamento de Justicia (DJ) con el fin de conocer información actualizada sobre el plan de seguridad y la atención que se le está dando a los casos, incluyendo los de violencia de género.
Entre los temas que discutieron en las reuniones resaltan la asignación de casos (incluyendo los de asesinatos) a fiscales, los procesos o protocolos para suspensiones de vistas y alegaciones preacordadas y el manejo de los casos de violencia de género, entre otros. Mientras, en torno al Negociado de la Policía, se presentó el plan de trabajo de la región de Bayamón, las estadísticas e inteligencia de crímenes violentos en la región, así como las estadísticas y protocolo de manejo de casos de violencia de género en la zona.
“Conozco de primera mano el sentir que provoca que le arrebaten la vida a un ser querido en circunstancias atroces que nadie quiere vivir. Por eso, reconozco el dolor que pasan los familiares de todas y cada una de las víctimas del crimen y en mi gobierno estamos trabajando activamente para atajar este mal social. Las raíces del crimen son diversas y requiere que todos nos unamos para combatirlo. Pronto estaré presentando un Plan Integral de Reconstrucción Social y contra la Violencia que une recomendaciones de diversos sectores de nuestra población”, sostuvo el gobernador, quien descarto que la reunión de hoy represente algún tipo de intromisión indebida del Poder Ejecutivo hacia la Rama Judicial
Sobre el particular, la jefa de los fiscales, Jessika Correa, confirmó que ha impartido directrices específicas a todos los fiscales para reforzar aún más el procesamiento efectivo de los casos de violencia doméstica. Además de las normas internas vigentes, se incluyó un análisis del derecho vigente sobre la imposición de supervisión electrónica y una advertencia de que, a partir del 4 de febrero, entrará en vigor una enmienda a la ley que le transfiere al fiscal el peso de presentar prueba para que el tribunal imponga un grillete. Queremos que todos los fiscales estén bien conscientes del cambio en la ley y estén listos para mover la discreción del tribunal. Vamos a estar bien atentos a que se cumpla con esta nueva disposición», indico la funcionaria.
Por su parte, el secretario del DSP sostuvo que, en esta reunión con la oficialidad del Negociado de la Policía que trabaja con casos de violencia de género y otros hechos asociados a eventos criminales, se pudo presentar los planes de trabajo, estrategias, estadísticas y modo de trabajar de las diversas unidades.
“Lo que ocurrió aquí hoy es muy importante para los oficiales de la Policía. Estuvieron frente al gobernador, el comisionado y este servidor y respondieron inquietudes, aclararon procesos de investigación y brindaron información puntual sobre la actividad criminal en esta zona y la manera de ellos atajarla. Esto es muy positivo y demuestra el compromiso de este gobierno y nuestros oficiales en dar una lucha frontal contra agresores y criminales”, indicó Torres Ríos.
El comisionado de la Policía comentó que “como parte de las estrategias en el Plan Integral de Seguridad que opera y que hemos establecido para la región de Bayamón, se ha reforzado el patrullaje preventivo en zonas de mayor incidencia”.
López Figueroa añadió, en torno al manejo de los casos de violencia doméstica, la labor realizada por el COPOP que ha sido clave para asegurar el diligenciamiento de las órdenes y el establecimiento de patrullaje preventivo para las víctimas. “Al cierre del 2023, el COPOP recibió 10,875 órdenes de protección. El 94.4% de las mismas, están relacionadas a la Ley 54. Del total de estas estadísticas, en la región de Bayamón, fueron registradas 1,773 órdenes de protección en el COPOP. A raíz del establecimiento del Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género, instruido por el Gobernador mediante la Ley 3 de 2022, hemos casi triplicado las rondas preventivas para protección de las víctimas en la región de Bayamón”, dijo el comisionado de la Policía.
Desde que se emitió la Declaración de Emergencia, que creó lo que fue el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), se desarrolló un plan de trabajo que incluye la creación del COPOP que, desde junio de 2021, ha procesado 10,875 órdenes de protección. También, adiestramientos continuos a funcionarios de gobierno, la implementación de cursos compulsorios a fiscales, procuradores de menores, procuradores de familia y técnicos de asistencia social a víctimas y testigos del DJ. De hecho, 170 agentes de la Unidad de Violencia de Género han sido readiestrados, 326 fiscales se han certificado en el uso y valoración de evaluación de riesgos de la Universidad John Hopkins y más de 1,000 funcionarios de gobierno han sido readiestrados en el Plan de Capacitación PARE.
Asimismo, y por determinación del gobernador, en las vistas de violencia de género tienen que haber fiscales. De hecho, se reclutaron sobre 50 fiscales adicionales para las unidades especializadas de violencia doméstica, se determinó que haya un intercesor legal presente que asista a las víctimas y se implementaron “soft interview rooms” en las Fiscalías de Distrito del DJ. De igual forma, en esta Administración se plasmaron los protocolos de la Alerta Rosa (1)- intergubernamental para casos de violencia de género (2)- investigación de feminicidios y transfeminicidios (3) y el portal de rastreo de Safe Kits-Rapid DNA (con el cual se acabaron los atrasos)
De igual forma, mediante ley el gobernador estableció la expedición de órdenes de protección automáticas en Regla 6 (vista de determinación judicial de causa para arresto), que deberá estar presente (sin discreción alguna) un representante del ministerio público, así como un intercesor/a de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y que mediante el Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género se brinde patrullaje preventivo de la policía estatal y la municipal. También, en el Código Penal se tipificó como delito el feminicidio y transfeminicidio y se reconoció a la violencia económica como modalidad de violencia doméstica. Recientemente, el DJ implementó una Orden Administrativa para implementar herramientas innovadoras para prevenir los feminicidios y reforzar el procesamiento efectivo de delitos de violencia doméstica y sexual por parte de los y las fiscales.
A esto se suman otras iniciativas en curso que incluyen Acuerdos con los municipios, la plataforma de datos sobre feminicidios- estadísticas e indicadores del Instituto de Estadísticas, un Acuerdo Colaborativo entre Justicia y el Strangulation Prevention para la incorporación de una nueva herramienta en los protocolos de las investigaciones que realizan las unidades especializadas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato de menores.
