San Juan, Puerto Rico- La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) encontró en un estado de avanzado deterioro varias estructuras de la Urban Elementary School of Guaynabo y la Escuela Superior Vocacional de Guaynabo. Además, se encontraron cientos de equipos, materiales y documentos administrativos abandonados, según reveló un informe publicado por la entidad.
La investigación en el Departamento de Educación (DE) requirió varias inspecciones oculares a las facilidades, en las que la OIG pudo constatar que por años persistió un mal manejo de las áreas, falta de mantenimiento y deterioro de las facilidades del complejo escolar, que consta de varios edificios en el que albergan ambas escuelas. Sin embargo, las estructuras de la Escuela Superior Vocacional nunca recibieron estudiantes y fueron usadas como almacén por más de 15 años.
La investigación cubrió el periodo del 19 de octubre de 2022 al 8 de diciembre de 2023. En algunos aspectos fueron evaluadas transacciones, documentos y operaciones de fechas, anteriores y posteriores, según fue necesario. La OIG realizó inspecciones oculares a las facilidades, siendo la última el 13 de septiembre de 2023.
En los salones de la Escuela Superior Vocacional se encontraron equipos electrónicos, material de oficina, innumerables cajas con materiales inservibles, libros de texto sin usar, muchos en sus empaques originales pero deteriorados, y otros materiales y propiedad. La mayoría de los materiales, a pesar de haber sido adquiridos por el DE, nunca fueron distribuidos ni utilizados, llegando a un punto en el que ya no son utilizables debido al deterioro con el paso del tiempo.
Como parte de la investigación, se realizó una inspección del teatro de la Urban Elementary School of Guaynabo que reveló que dicha estructura se encuentra en condiciones deplorables, por lo que permanece totalmente inservible y en desuso. Las deficiencias detectadas en el teatro son múltiples, incluyendo zonas que presentan evidentes riesgos para la salud, una puerta de seguridad totalmente destruida, filtraciones extensas en el techo, desprendimientos en diversas áreas de las paredes y techos, la necesidad de reemplazar por completo las unidades de aire acondicionado, baños en estado de abandono con desbordamientos y filtraciones, la presencia de animales muertos en descomposición, y una accesibilidad no autorizada que crea riesgos de salubridad y seguridad para la comunidad escolar. Además, la presencia de colchones, ropa y rastros de comida demostró que las instalaciones estaban siendo utilizadas sin autorización para pernoctar.
Se hallaron, además, envases vacíos de bebidas alcohólicas, parafernalia relacionada con sustancias controladas y una notable acumulación de desperdicios en los alrededores.
Según surge del informe, en febrero de 2018, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) recibió un informe de estimado parte de la compañía aseguradora del plantel sobre los daños causados por el Huracán María. Este informe abarcó las estructuras de la escuela y el teatro, y el total de los daños fue evaluado en $895,427.00. A pesar de ello, tanto la AEP como el DE se desvincularon de la responsabilidad en la reclamación de los fondos necesarios para la rehabilitación de dichas estructuras, según los documentos proporcionados en la investigación.
Por otro lado, en las instalaciones de la Escuela Superior Vocacional de Guaynabo, situadas en la parte posterior de la Urban Elementary School of Guaynabo, se llevó a cabo una inspección de sus seis estructuras. Durante la evaluación, se evidenciaron pasillos obstruidos por escombros y cubiertos por la vegetación circundante, filtraciones en los techos, presencia de hongos y plagas tanto en las estructuras como en sus alrededores, desprendimientos en techos y paredes de los salones, acumulación de aguas sucias, ventanas rotas, puertas y «rolling doors» en estado deteriorado en todas las estructuras, así como la detección de hongos y comején en varias de ellas. Adicionalmente, se constató que todas las unidades de aire acondicionado de los edificios se encuentran fuera de servicio y necesitan ser reemplazadas en su totalidad.
Pese a que la OIG realizó otras inspecciones en las facilidades, se constató que las estructuras continuaban en un estado de total deterioro, coincidiendo con las condiciones identificadas en las inspecciones anteriores. Las instalaciones, al parecer, no habían recibido limpieza o mantenimiento, por lo que permanecían en completo abandono. Además, se notó la presencia de equipos y materiales con números de propiedad asignados por el Departamento de Educación.
Conforme a las disposiciones del contrato número A-872, proyecto número AP-8303, con vigencia hasta el 23 de julio de 2036, la responsabilidad del mantenimiento y conservación de las estructuras y áreas circundantes de la Escuela Elemental Urbana de Guaynabo y de la Escuela Vocacional recae en una responsabilidad compartida entre el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
A pesar de la inversión de fondos públicos, la Escuela Vocacional Superior nunca inició operaciones según su presupuesto original. El proceso investigativo confirmó el cierre total de la escuela, dejándola en completo abandono, con equipos, materiales, libros y documentos administrativos deteriorados, vandalizados y en necesidad de mantenimiento para su posible habilitación.
El costo certificado de la propiedad de la Escuela Vocacional de Guaynabo, proyecto AP-8303, ascendía a aproximadamente $23,529,792.36, excluyendo el valor del terreno. La inversión total identificada por la OIG se estima en $27,183,410.70, lo que incluye gastos de diseño, administrativos, estructuras, terreno, estudios de suelos, intereses, patentes y arbitrios municipales. Además, durante el periodo de arrendamiento entre julio de 2014 y junio de 2016, el DE pagó mensualmente $219,100.86 y $221,563.37 respectivamente, generando un impacto presupuestario total de $5,288,970.76 en dos años. Además, las facturas pendientes del DE a la AEP, relacionadas con el proyecto AP-8303, ascienden a $13,504,574.99, según la factura del 1 de diciembre de 2022.
En el proceso de investigación se descubrió que el DE había solicitado el decomiso de equipos inservibles abandonados en las facilidades escolares, que pertenecían a oficinas de nivel central. Sin embargo, se reveló que los equipos han permanecido abandonados en la escuela durante más de 15 años, utilizándola como almacén. Inspecciones posteriores confirmaron que cientos de equipos, identificados con números de propiedad del DE, estaban dispersos alrededor de los edificios.
Las situaciones señaladas en el informe de investigación constituyen una cantidad aproximada de al menos $27,183,410.70 en costos cuestionables, correspondientes a fondos estatales y federales, conforme a los documentos del proyecto de construcción y desarrollo evaluado, sin considerar posibles costos adicionales de habilitación, así como cantidad exacta del material identificado en las facilidades, los cuales permanecían en su mayoría en sus empaques originales.
En su informe, la OIG solicitó al Departamento de Educación y Autoridad de Edificios Públicos a llevar a cabo una evaluación inmediata de los hallazgos. La OIG solicitó que aborden de manera urgente el mantenimiento, acondicionamiento y habilitación del plantel escolar de la Escuela Vocacional de Guaynabo. Se les insta a identificar las causas de la falta de mantenimiento y coordinar las acciones necesarias para atender rápidamente las necesidades derivadas del deterioro de las instalaciones. Además, deben evaluar alternativas viables para restablecer la escuela a condiciones adecuadas, cumplir con el contrato existente y desarrollar un plan de trabajo en colaboración. Adicionalmente, el informe recomendó al Secretario del Departamento de Salud a determinar si los hallazgos constituyen infracciones a disposiciones legales o reglamentarias.
Los hechos identificados y evaluados existen previo a la designación de la actual Secretaria del Departamento de Educación, sin embargo, la OIG remitió las recomendaciones y confía en que bajo su liderato se puedan atender las situaciones que persisten en los planteles escolares.
Cualquier persona que conozca sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov
