Fajardo – Organizaciones de base comunitaria de Peñuelas, Caguas, Río Piedras y Loíza, entre otras, se unieron el martes en apoyo a los reclamos de la comunidad viequense para la regulación inmediata de la venta de propiedades públicas y privadas; así como el control de rentas y medidas para proveer vivienda digna y techo seguro a las familias en esa isla municipio.
La manifestación, en la que participaron sobre 40 personas de diversas organizaciones de justicia social del país, ocurrió frente al Tribunal de Fajardo en el contexto de una vista contra la estudiante y activista viequense Katherine Martínez por hechos ocurridos en julio durante una manifestación contra una subasta de tierras por parte del Municipio de Vieques. La manifestación de julio logró detener dicha subasta.
Allí estuvieron, entre otras, Taller Salud, Colectivo Ilé, Comedores Sociales de Puerto Rico y Casa Tallaboeña, además de La Colmena Cimarrona de Vieques, Alianza de Mujeres Viequenses y Vidas Viequenses Valen.
“Apoyamos los reclamos viequenses, que son los de muchas comunidades en peligro de desplazamiento en nuestro país”, dijo José Manuel Díaz, administrador de la Casa Tallaboeña. Esta organización es una de las más de 30 que suscribieron un manifiesto con los reclamos mencionados. Los reclamos incluyen además que se transfieran terrenos públicos a un fideicomiso de tierras comunitarias y que las comunidades participen en la planificación y las decisiones sobre el uso de tierras públicas.
El caso de Martínez, estudiante de trabajo social y atleta en el Recinto de Río Piedras de la UPR, adquirió relevancia entre organizaciones comunitarias en todo el archipiélago, al ejemplarizar la situación que viven muchas otras comunidades en Puerto Rico: amenaza de desplazamiento de sus comunidades ancestrales por el acaparamiento de terrenos para uso turístico; falta de viviendas y tierras de costo asequible; amenazas a su seguridad y libertad cuando se manifiestan contra estas situaciones. La familia de Martínez, quien también es parte de la organización agrícola La Colmena Cimarrona, es una de muchas que no han podido adquirir una vivienda propia y enfrentan inseguridad de vivienda ante lo volátil del mercado de alquiler.
La vista se pospuso para el 30 de octubre y, según informó la abogada María Soledad Sáez, de Sociedad para la Asistencia Legal, el equipo de defensa y la fiscalía están en conversaciones para buscar una solución de base comunitaria no punitiva que considere todos los factores del caso.
“Las organizaciones aquí firmantes hacemos un llamado a la búsqueda de soluciones para la tenencia colectiva de la tierra y vivienda digna camino a gestar un país más solidario, justo y democrático. Hacemos un llamado a todas las personas que luchan contra el desplazamiento en distintos rincones del país”, lee el manifiesto firmado por organizaciones como El Puente, Federación de Estudiantes de Trabajo Social (FETS), La Colectiva Feminista en Construcción, Mía Libertad, Movimiento Anansé, Inc., Taller Rompeolas, María Fund, Mujeres de Isla en Culebra, HASER Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, Instituto para la Agroecología Investigación y Acción y Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, entre otras.
