SAN JUAN, Puerto Rico –El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció la acusación de 27 personas por su participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES). El Gran Jurado acusó a los demandados de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los documentos de acusación alegan que, desde abril de 2020 hasta julio de 2023, los demandados y sus cómplices causaron la presentación de al menos 23 solicitudes de préstamo de Préstamo por daños económicos por desastre (EIDL) y Programa de protección de cheques de pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos $458,923 en fondos federales de recuperación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Banco 1 de EE. UU.
“Esta es la tercera ronda de acusados desde abril de 2023 en relación con este esquema de fraude, y la investigación sigue en curso”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Se suponía que los préstamos EIDL y PPP beneficiarían a aquellos cuyos negocios legítimos sufrían pérdidas debido a la pandemia de COVID-19. El enjuiciamiento de quienes obtienen beneficios del gobierno de manera ilegal seguirá siendo una prioridad para nuestra oficina”.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Servicio de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos realizaron la investigación con la colaboración del Departamento del Tesoro de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Guaynabo.
Según documentos judiciales, el acusado Brian Oniel Blassini, junto con Manfred A. Pentzke Lemus, a.k.a. “Hombre/Contador/Gerente”, Rodolpho R. Pagesy Roussel, también conocido como “El banquero”, August A. Lemus Berrios, a.k.a. “Primo”, Jonathan Ben David Prieto Ruiz De Val, a.k.a. “Johnny Millones”, Ligia María Lemus De Pentzke y otros, a sabiendas, idearon un esquema para defraudar a la SBA y al Bank 1 para obtener fondos y propiedades federales mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP. Pentzke Lemus, Pagesy Roussel, Lemus Berrios, Prieto Ruiz De Val y Lemus De Pentzke fueron acusados previamente en abril en una acusación separada.
Los acusados son:
[1] Brian Oniel Blassini
[2] Denise Marie Torres Polonio
[3] Rosario Polonio Báez
[4] Isaac Ornamento Polonio
[5] Luis Manuel González Blassini
[6] Charles J. Negro Flores
[7] Christopher Mill Chever
[8] Torres de Edgar R. Rodríguez
[9] Giovanni Hernández Collazo
[10] Ismael Ramírez Zayas
[11] Jancarlo Morales
[12] Julio Vera de Jesús
[13] Kiara Lee Sierra Bermudas
[14] Luis Miguel Burgos Dávila
[15] Maximino Vera Rivera
[16] Michael Jovany Pagán Ruiz
[17] Nelson Yadiel Rodríguez Vega
[18] Robert Argenis Fragoso Negro
[19] Saúl L. Maldonado Acosta
[20] Homero Javier Horta Torres
[21] Carlos E. Nevarez Correa
[22] Elías Díaz Delgado
[23] Michelle blanco crujiente
[24] Norberto Torres Colón
[25] Stephanie D. Ruiz Martínez
[26] Víctor L. González Barba
[27] Casa Yanhzee Puig
La Ley CARES autorizó la asistencia federal a través de la emisión de préstamos de la SBA a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que experimentaron pérdidas de ingresos debido a la pandemia mundial de COVID-19. El programa EIDL fue uno de esos programas de asistencia de préstamos para pequeñas empresas. Para obtener el préstamo, los solicitantes tenían que completar una solicitud en línea que detallaba la información operativa del período de 12 meses anterior a la pandemia de COVID-19, como la cantidad de empleados en el negocio, los ingresos brutos del negocio obtenidos y el costo de los bienes vendidos. Otra forma de asistencia brindada por la Ley CARES fue la autorización de fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, como intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos.
La acusación formal alega que los acusados y sus cómplices presentaron al menos 23 solicitudes fraudulentas de préstamos EIDL y PPP que contenían información materialmente falsa y fraudulenta y documentos falsos, incluidos documentos fiscales falsos y ficticios, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación, para obtener el desembolso de préstamos de asistencia EIDL y PPP por parte del Banco 1. La acusación alega además que los acusados y sus cómplices dirigieron a los destinatarios de los préstamos PPP y EIDL obtenidos de manera fraudulenta remitir una parte de los ingresos de los préstamos a los demandados y sus cómplices y usar los ingresos de los préstamos para beneficiarse a sí mismos y a otros, y para pagar los gastos prohibidos según los requisitos de los programas EIDL y PPP.
Los documentos judiciales afirman que el acusado Manfred A. Pentzke Lemus fue el principal organizador del esquema fraudulento y los esfuerzos para lavar las ganancias; el acusado Rodolpho R. Pagesy Roussel trabajaba en el Banco 1 en San Juan, Puerto Rico, y usó su puesto para obtener la aprobación de solicitudes de PPP fraudulentas; el acusado Augusto A. Lemus Berríos ayudó en la preparación de solicitudes de PPP fraudulentas; el acusado Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val actuó como mensajero de dinero y coordinó la entrega de pagos de “sobornos” para promover el esquema fraudulento; la acusada Ligia María Lemus De Pentzke recibió pagos de “sobornos” de las ganancias del esquema fraudulento y los reenvió a sus cómplices; y el acusado Carlos Manfredo Pentzke Chamorro recibieron préstamos PPP y EIDL fraudulentos para promover la conspiración.
Los acusados Brian Oniel Blassini y Homar Javier Horta Torres enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por realizar transacciones financieras a sabiendas que involucran los ingresos de fraude electrónico, junto con otras personas acusadas previamente. También se alega que los acusados, incluido Brian Oniel Blassini, reclutaron a otros co-conspiradores no acusados no solo para obtener préstamos adicionales de EIDL y PPP con falsos pretextos, sino también para reclutar a otros para que presenten solicitudes fraudulentas.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico. Brian Oniel Blassini y Homar Javier Horta Torres también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
Están a cargo de la acusación en este caso los fiscales federales adjuntos Timothy R. Henwood y Daniel J. Olinghouse.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
