(SAN JUAN, PR) – La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sometió ante el Tribunal de Título III el pasado lunes su posición respecto al Plan de Ajuste propuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus objeciones a ciertas disposiciones del Plan y la Orden de Confirmación, confirmó su director ejecutivo, Omar J. Marrero.
En síntesis, la AAFAF enfatizó ante el Tribunal que el contenido del Plan de Ajuste debe ser asequible, razonable y sostenible y debe facilitar la capacidad de la AEE para cumplir con su responsabilidad estatutaria y moral de proporcionar energía eléctrica de manera confiable, limpia, eficiente y resiliente.
Además, la AAFAF resaltó que tanto PROMESA como las leyes de Puerto Rico exigen que cualquier plan de ajuste de la AEE debe respetar el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), como regulador independiente. El NEPR es el responsable de determinar la estructura y diseño de las tarifas.
“Los bonistas han insistido en que el Tribunal debería obligar a los contribuyentes de la AEE a pagar aún más de lo propuesto en el Plan, lo que supondría una carga monumental para los residentes y las empresas de Puerto Rico y amenaza la viabilidad de la AEE y el desarrollo económico en Puerto Rico en general”, indicó Marrero.
Para dicho fin, los acreedores han pretendido eliminar la distinción entre la AEE y el gobierno central para que este último contribuya aún más de sus recaudos para incrementar el porciento de recuperación de los acreedores, en exceso a los aumentos ya contemplados en el Plan, enfatizó el funcionario, añadiendo que el Gobierno rechaza cualquier aportación adicional dirigida exclusivamente a aumentar la recuperación de los bonistas.
“La AEE y las personas y empresas a las que sirve no pueden soportar tarifas insosteniblemente altas, particularmente cuando, en comparación con los Estados Unidos, Puerto Rico tiene el ingreso familiar promedio más bajo y una de las tarifas eléctricas más altas”, expresó Marrero.
“Nos preocupa encarecidamente que el ‘cargo heredado’ que los acreedores pretenden se incremente en exceso de lo contemplado en el Plan, represente una carga excesiva sobre los residentes y las empresas de Puerto Rico, lo cual podría obligar a nuestros ciudadanos a escoger cuál de sus necesidades básicas sufragar, o forzar a pequeños comerciantes a cerrar sus puertas permanentemente, estancando así el desarrollo económico de Puerto Rico”, agregó el también secretario de Estado.
“Es el NEPR la única entidad con la facultad legal y el conocimiento experto para determinar las tarifas apropiadas y comprender su impacto holístico en el sector energético de Puerto Rico y las personas y empresas a las que sirve. Como hemos sostenido a lo largo de todo este proceso, el Gobierno continuará defendiendo a los ciudadanos y las empresas de Puerto Rico, participando activamente en los procedimientos de confirmación y manteniendo estos asuntos en el centro del enfoque del Tribunal. Una AEE reestructurada que pueda prestar un servicio confiable a un precio asequible es nuestra mayor prioridad”, concluyó.
