(San Juan, 1 de junio de 2023) El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Educación, Eliezer Ramos, rechazaron esta mañana que haya una orden de desahucio contra el Departamento de Educación (DE) de las oficinas que ocupa en Hato Rey.
El ingeniero Luis Rivera Siaca, en efecto, sí ha presentado una demanda a esos efectos por incumplimiento de pago. Pierluisi y Ramos sí reconocieron que el asunto se está dirimiendo en los tribunales y que hay conversaciones con el demandante.
“Hay una gran controversia. El contralor, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hizo unos señalamientos precisamente que había falta de contrato. Esto fue al inicio de la administración y fue algo que heredamos. Por un tiempo eso estaba de mes a mes y eso no estaba correcto”, dijo Pierluisi.
Ramos hizo hincapié en que la disputa con Rivera Siaca precede su llegada a la jefatura de Educación.
Sostuvo que, entre el 2018 y el 2019 se llegó a un acuerdo de arrendamiento con Rivera Siaca sin que mediara un contrato. En el 2020 se firma un acuerdo por cinco años para ocupar en los edificios del demandante las oficinas de Sistemas de Información, Recursos Humanos y la región educativa de San Juan.
En junio del 2021 el DE solicitó autorización a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para enmendar el contrato y asignar fondos para el próximo año fiscal 2021-2022. El ente fiscal, dijo Ramos, solicitó información y detiene el proceso. Finalmente, al terminar el año fiscal 2021-22 la JSF autorizó la enmienda y la condiciona para el año fiscal 2022-23 a que se hiciera una subasta. El único licitador resultó ser Rivera Siaca.
“Ellos (la JSF) no están complacidos y pidieron otra vez el proceso competitivo para arrendamiento”, afirmó.
Ramos reconoció que en el año fiscal 2021-22 no se hizo un pago porque, según dijo, “la autorización no bajó a tiempo”. A esto se debe la demanda y dijo que el DE está “dispuestos a pagar”.
“Hay una solicitud… de la parte sobre el desahucio. Todavía las puertas y la comunicación están abiertas y di instrucciones para trabajar sobre el lenguaje de la estipulación para ver si podemos tener algo que preserve los derechos del dueño del edificio y también del estado”, dijo Ramos.
Finalmente, gobernador Pierluisi agregó que “el asunto es bien complejo, y la última palabra la tiene el tribunal Se puede llegar a un acuerdo extrajudicial, pero la Junta Supervisión (Fiscal) tendría que aprobarlo. Estos son asuntos que no se resuelven de un día a otro. Lo importante es que el DE continua operando”.
