El Capitolio – En aras de garantizar la transparencia en el proceso de contratación en el gobierno, el Senado de Puerto Rico avaló el Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 628 y al Proyecto de la Cámara 1013 que propone prohibir la contratación de empleados o exempleados de confianza para puestos de carrera que no cumplan con los criterios de preparación académica y experiencia establecidos para la clase de puesto o su equivalente en otros planes de valoración de puestos.
La pieza legislativa estaría enmendando la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico para además, establecer que dichas condiciones, o requisitos no aplicarán al empleado o exempleado de confianza con derecho a reinstalación al puesto de carrera que ocupaba anterior a su nombramiento a la categoría de empleado de confianza, así como otorgar a la oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto un término de 60 días desde la aprobación de esta Ley, para adoptar o atemperar la reglamentación pertinente a estos propósitos.
Según establece en su exposición de motivos “es necesario reconocer que el “atornillamiento” de empleados públicos es una práctica constantemente denunciada en Puerto Rico… Esta medida promete reducir considerablemente la práctica de “atornillar” empleados públicos. Como consecuencia, es un mecanismo que obliga al Gobierno de Puerto Rico mantener un cuerpo de empleados preparado, eficiente y libre de ataduras político-partidistas”.
Durante su turno sobre el proyecto, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves dijo que “la medida lo que pretende es hacerle justicia, enmendado la Ley 8-2017, para que aquellos empleados que vienen al gobierno a servir en puestos de confianza que no estuvieron en el sistema, tengan la oportunidad de competir, pero no el derecho de atornillar a alguien sin pasar por el debido proceso que representan, los demás empleados del gobierno a la hora de ser reclutados”.
Otra medida avalada fue el Proyecto del Senado 786 de la autoría de la senadora por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González Arroyo, que busca enmendar la Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público, con el propósito de incluir entre los temas de educación y adiestramiento el manejo de situaciones de violencia de género en el empleo.
“Muchas de las víctimas, debido a la gran carga emocional que conlleva el maltrato, comienzan a experimentar bajo rendimiento laboral, producido por la situación de violencia experimentada. De hecho, las legislaciones protectoras del trabajo se han ido adaptando para tomar en cuenta las repercusiones de la violencia doméstica o de género en el entorno laboral y cómo estas afectan de forma directa en su desempeño como trabajadora o trabajador”, detalla la exposición de motivos de la pieza legislativa.
Por su parte, la autora de la medida la senadora González Arroyo resaltó que “esta medida busca proveer las herramientas necesarias y la capacitación a los y las directivos de las agencias gubernamentales para identificar, atender y prever las situaciones de violencia de género en su área de trabajo. Así también, en aquellos casos en los que el empleado y empleada tengan una situación en su hogar y lo manifieste en el trabajo la gerencia podrá brindarle información correcta”.
También se avaló el Proyecto del Senado 507 de la autoría del senador por el Distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau, que propone enmendar la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se incluya a los restantes empleados gubernamentales entre las personas impedidas de utilizar vehículos oficiales fuera de horas de trabajo para fines no oficiales y para crear un mecanismo que permita el monitoreo ciudadano sobre la forma como los conductores de vehículos oficiales se desempeñan. También, busca ordenar a la Administración de Servicios Generales y cualquier agencia o Departamento de la Rama Ejecutiva el aprobar o atemperar la reglamentación pertinente para cumplir con la política pública dispuesta en la presente ley en un término no mayor de 60 días desde su aprobación.
Durante su alocución sobre la medida, el senador Ramón Ruiz Nieves dijo que “la medida envuelve tres puntos significativos donde no altera la responsabilidad de los jefes de agencia, sino la discreción y la manera en cómo se otorgaría estas dispensas para poder utilizar estos vehículos fuera de las horas laborales… el Proyecto del Senado 507 fue avalado por las agencias que se le consultó, para que se apruebe dicha medida”.
Mientras tanto, el senador independiente, José Vargas Vidot expresó que “la medida tiene un grado de importancia, precisamente donde el pueblo busca transparencia y busca ser parte de la fiscalización… no tengo objeción de la importancia de la medida, el problema es que, si uno va a la página 8 de la medida, todo lo que se pretende evitar se da un permiso para hacerlo”. Para atender esa discrepancia, Vargas Vidot, presentó una enmienda la cual fue acogida por el pleno y la medida fue avalada satisfactoriamente.
Otra pieza legislativa avalada fue la Resolución del Senado 761que le ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura realizar una investigación sobre el acceso que tienen los estudiantes con diversidad funcional, incluyendo, pero sin limitarse a estudiantes no videntes y sordos, a la Prueba de Admisión Universitaria o “CollegeBoard”, en Puerto Rico, así como los recursos disponibles en el Departamento de Educación para adaptar estas pruebas a los estudiantes con diversidad funcional.
Por otra parte, el cuerpo legislativo dio paso a los nombramientos de la licenciada Norma Margarita Garcías Rivera para un nuevo término como Procuradora de Asunto de Familia; del licenciado Luis Alfredo Ramos Vélez para un nuevo término como Procurador de Asuntos de Menores y del licenciado Ismael L. Purcell Soler para un nuevo término como Registrador de la Propiedad. Igualmente, se avalaron nombramientos de jueces y fiscales.
