(San Juan, Puerto Rico) La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar informó el cumplimiento de los estándares profesionales en las instalaciones de detención juvenil en Puerto Rico, permitiendo priorizar la salud, seguridad, educación y rehabilitación de los jóvenes detenidos o en tratamiento de las instituciones penales en la isla.
El cumplimiento de los estándares alcanzados a través del DCR se reflejaron en la reciente orden del juez Francisco Besosa, quien ordenó el cierre de una serie de estipulaciones establecidas en el caso civil 94-2080 entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal.
La titular del DCR detalló que las disposiciones en cumplimiento incluyen la creación de un programa de tratamiento de salud mental residencial adecuado, la garantía de seguimiento médico adecuado para los menores que reciben medicación psicotrópica de emergencia y la implementación de servicios educativos y vocacionales para todos los menores confinados en cualquier instalación durante dos semanas o más.
“Este logro notable es un paso decidido y progresivo para concluir un caso que ha estado activo durante casi tres décadas. Para el gobernador Pedro Pierluisi, este avance no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino un imperativo de justicia social. Nuestros jóvenes detenidos, quienes con demasiada frecuencia son olvidados por la sociedad, son sin lugar a duda una parte vital de nuestro futuro. Este logro subraya el compromiso inquebrantable de nuestra administración con la justicia, la equidad y la inclusión para todos los ciudadanos de Puerto Rico, incluyendo a aquellos en las instalaciones de detención juvenil”, expresó Escobar, quien agradeció al equipo de trabajo del Programa de Instituciones Juvenil por el cumplimiento consistente en este acuerdo.
La secretaria del DCR señaló que al suscribirse este acuerdo hace tres décadas, había más de 1,500 jóvenes transgresores. En la actualidad, existe una población de menos de 71 jóvenes transgresores.
En el caso civil del 1994, se señalaron 300 estipulaciones por violación a derechos constitucionales de los menores bajo la custodia del DCR. De estas 300 estipulaciones, se han completado 278
“Es un indicador claro de que estamos en el camino correcto hacia la resolución del caso del 1994, y un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando se trabaja con determinación y enfoque en el cumplimiento de los compromisos establecidos, y sobre todo, cuando se prioriza el bienestar, la rehabilitación y los derechos de nuestros jóvenes”, indicó la secretaria del DCR.
