Dos individuos han sido acusados criminalmente a nivel federal por violar la Ley de Agua Limpia en conexión con actividades realizadas en Bahía de Jobos, Guayama.
Los acusados fueron identificados como Luis Enrique Rodríguez y Pero Luis Bones Torres, a quienes también se les imputa violaciones a la Ley de Ríos y Puertos, según anunció esta mañana el jefe de fiscalía federal, Stephen Muldrow, en compañía de funcionarios como el subsecretario de Justicia, Todd Kim. En ningún momento durante una conferencia de prensa Muldrow precisó si estos dos individuos tienen título de propiedad de las estructuras o si se pudieran considerar “dueños” de las propiedades, que están ubicadas en una reserva natural.
Solo dijo que tenían “control y dominio” de las propiedades y que uno, Rodríguez, es dueño de una cantera. Al no precisar si son titulares de las propiedades, queda en el aire conocer si, en caso de que aplicara, los individuos que los contrataron también serían acusados.
Precisamente el tema sobre la titularidad de los terrenos está en disputa en los tribunales de Puerto Rico.
Según se informó, estos individuos, entre el 2020 y hasta octubre del 2022, realizaron construcciones ilegales y depositaron material en humedales ubicadas en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos y la comunidad Las Mareas, en Salinas. Específicamente, depositaron material de relleno de maquinaria de excavación en humedales. En el caso de Rodríguez Sánchez, también se le imputa construir estructuras dentro del agua.
La pesquisa fue realizada por múltiples agencias como la Agencia Federal de Protección Ambiental, el Negociado Federal de Investigaciones, el ejército de Estados Unidos y la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
El caso es procesado por el fiscal federal Patrick M. Duggan, de la sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal auxiliar Seth Erbe.
Muldrow aprovechó el anuncio sobre la radicación de cargos para anunciar que se estaba creando un equipo de trabajo especial compuesto por múltiples agencias federales, de Puerto Rico y de Islas Vírgenes para investigar delitos ambientales.
“Estas agencias federales seguirán colaborando estrechamente con sus colegas locales, incluyendo el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el DOJ (Departamento de Justicia)”, dijo Muldrow.
Otras dependencias involucradas en el esfuerzo son el Cuerpo de Ingenieros, el ejército, los departamentos federales de Agricultura, Comercio, Transportación, Vivienda y Seguridad Nacional. Igualmente, el Servicio de Rentas Internas.
El jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, recordó cómo en mayo del año pasado dependencias federales visitaron bahía de Jobos para inspeccionar el daño provocado y denunciado por años por las comunidades.
“Ustedes me han escuchado decir esto ya, pero me parece necesario repetirlo: si ustedes están viendo esto, y sabe que violó la ley, no espere mucho porque esta investigación sigue y para el pueblo: sigan reportando que nosotros seguimos trabajando para ustedes”, afirmó González.
A preguntas de la prensa, Muldrow confirmó que la investigación continúa y que es “cuestión de tiempo” antes de que se radiquen cargos adicionales.
“Seguimos investigando esa área y otras áreas de Puerto Rico. Como cualquier investigación, tenemos que comenzar en un sitio y hemos comenzado con estos dos casos”, dijo el fiscal.
Sobre por qué tardaron tantos años cuando hay denuncias sobre irregularidades que datan del 2005 o el 2006, Muldrow respondió que ahora están mostrando algunos resultados de estos esfuerzos. No confirmó si funcionarios de gobierno están siendo investigados, tomándose en cuenta que las dos propiedades tenían servicios de agua y de luz.
