SAN JUAN, Puerto Rico – El 23 de septiembre de 2026, un gran jurado federal emitió una acusación formal contra Faustino David Reyes-Rodríguez, de 25 años se alega era exayudante del senador del PPD José Luis Dalmau, natural de Ponce, Puerto Rico, y residente en Caguas, imputándole cargos por posesión, recepción y distribución de material de abuso sexual infantil, anunció Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino para el Distrito de Puerto Rico. El arresto es resultado de una investigación realizada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con la colaboración del Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB) y la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según la acusación, entre aproximadamente diciembre de 2025 y mayo de 2026, Reyes-Rodríguez recibió y distribuyó, a sabiendas, material de explotación infantil. Asimismo, desde julio de 2024 hasta mayo de 2026, el acusado poseyó imágenes de pornografía infantil —incluyendo imágenes de niños pequeños y menores prepúberes— en su teléfono celular y tableta.
“La Fiscalía Federal continuará colaborando con sus socios del orden público para investigar y procesar enérgicamente a aquellas personas que utilizan la tecnología para victimizar a niños mediante delitos de explotación infantil”, declaró el Fiscal Federal Interino Ramírez-Carbó. “La Fiscalía Federal y HSI exhortan a las posibles víctimas a que se comuniquen con las autoridades si tienen conocimiento de que este acusado o cualquier otro adulto ha incurrido en este tipo de conducta delictiva. Quienes brinden información pueden permanecer en el anonimato”.
“Al comenzar el año fiscal 2027, este arresto sirve como una advertencia contundente para quienes explotan a niños: HSI es implacable. Los depredadores a menudo se valen del anonimato de las plataformas de videojuegos y las aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por niños, tejiendo redes de engaño para atacar a los inocentes”, afirmó Yariel Ramos, Agente Especial Interino a Cargo de HSI en San Juan. “Independientemente de la tecnología tras la cual se oculten, nuestro compromiso de localizar a estos delincuentes y proteger a los más vulnerables permanece inquebrantable. Los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia”. Rivera-Santos compareció inicialmente ante el juez magistrado federal Marcos E. López, quien ordenó su detención provisional en el Centro de Detención Metropolitana de Guaynabo a la espera de los procedimientos subsiguientes. De ser condenado por los cargos imputados, el acusado se enfrenta a las siguientes penas: (1) recepción de material de explotación infantil: una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 20 años; y (2) posesión de material de explotación infantil: una pena máxima de 10 años de prisión. Toda condena conllevará un periodo de libertad supervisada tras la prisión de entre un mínimo de 5 años y cadena perpetua. Un juez de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices Federales para la Imposición de Penas (U.S. Sentencing Guidelines) y otros factores legales.
La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, estuvo a cargo de la acusación. La Fuerza de Tarea contra Delitos Infantiles de Puerto Rico, liderada por HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional), dirigió la investigación con la colaboración del Departamento de Policía de Puerto Rico. Para denunciar actividades sospechosas, llame al 787-729-6969.
Este caso se presentó como parte del Proyecto *Safe Childhood* (Infancia Segura), una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, el Proyecto *Safe Childhood* moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a los individuos que explotan a menores a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto *Safe Childhood*, visite www.justice.gov/psc.
Una acusación formal es meramente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
