Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de 49 cargos contra 10 personas por defraudar al gobierno para obtener beneficios por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Esta investigación criminal fue codirigida por la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Según documentos judiciales, entre 2020 y 2025, el acusado Ángel Carrer-Rivera utilizó su puesto como empleado del VA para acceder al Sistema de Administración de Beneficios para Veteranos (VBMS) y asignar reclamaciones específicas a empleados del VA bajo su supervisión. Al mismo tiempo, Ángel Carrer-Rivera se comunicó con un facilitador, el acusado Richard Rivera-Maitin, para consultar sobre las condiciones médicas falsas que debían declarar veteranos específicos para obtener fraudulentamente beneficios por discapacidad.
Juntos, Ángel Carrer-Rivera, Richard Rivera-Maitin y varios veteranos provocaron la presentación y aprobación de solicitudes fraudulentas de beneficios por discapacidad vitalicia del VA basadas en condiciones médicas falsas, todo ello en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos (USC). §§ 371 (conspiración), 1349 (conspiración para cometer fraude electrónico y postal); 1341 (fraude postal); y 1343 (fraude electrónico). Al hacerlo, los acusados se enriquecieron económicamente y causaron pérdidas sustanciales a Estados Unidos.
Ángel Carrer-Rivera y Richard Rivera-Maitin fueron acusados y recibieron pagos por facilitar la aprobación de solicitudes de discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) con información falsa. Los veteranos que participaron en el plan recibieron fraudulentamente pagos de prestaciones por discapacidad del VA.
“Los acusados crearon y ejecutaron un plan para defraudar a la Administración de Beneficios para Veteranos de los Estados Unidos (VAA), la cual administra programas vitales que brindan beneficios por discapacidad, pensiones y prestaciones para sobrevivientes, asistencia educativa, entre otros. Estos acusados se aprovecharon de un programa destinado a ayudar a veteranos que realmente lo necesitan”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “Felicito la excelente labor de los agentes del FBI y la OIG de la VA, así como de las fuerzas del orden, quienes descubrieron e investigaron esta conspiración”.
“Esta investigación reveló un vergonzoso plan para defraudar a un sistema que se supone sirve a nuestros veteranos más vulnerables. Esto es vergonzoso y el FBI y nuestros socios no tolerarán este tipo de traición”, declaró Devin J. Kowalski, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. “Quiero agradecer a nuestros socios de la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos, la Fiscalía de los Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San Juan y al dedicado equipo de casos del FBI por su excelente labor. El FBI mantiene su compromiso de identificar y desmantelar el fraude que roba al pueblo estadounidense y deshonra a quienes sirvieron”, añadió el funcionario, quien confirmo que el fraude pudo haber significado el cobro ilegal de sobre 190 millones de dólares.
