SAN JUAN, Puerto Rico – El 31 de julio de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal acusando a Richard Ramos-Hernández, de Humacao, Puerto Rico, de fraude de quiebra y declaración falsa bajo pena de perjurio en una quiebra. caso, declaraciones falsas en solicitudes de préstamos y créditos, fraude bancario y robo de identidad agravado, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según documentos judiciales, desde el 4 de enero de 2019 hasta el 20 de mayo de 2024, el acusado Richard Ramos-Hernández ideó y ejecutó un plan para defraudar a los acreedores en un procedimiento de quiebra en el Distrito de Puerto Rico mediante representaciones materialmente falsas y fraudulentas, todas en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 152 y 157.
El 4 de enero de 2019, Richard Ramos-Hernández presentó y provocó la presentación de una petición voluntaria de reparación bajo el Capítulo 13 del Código de Quiebras en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el procedimiento titulado In re: RICHARD RAMOS HERNÁNDEZ, Caso No. 19-00021(ESL).
La acusación formal alega que durante el procedimiento de quiebra, Ramos Hernández ocultó propiedades e ingresos y no reveló al síndico encargado del control de la propiedad del deudor y a los acreedores y a los Estados Unidos la creación, operación, propiedad y control de All Market. y Bakery LLC y Smart Energy General Contractors LLC.
All Market and Bakery LLC era una compañía de responsabilidad limitada registrada el 11 de febrero de 2015 ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y operaba como un establecimiento en el Municipio de Humacao que producía y vendía productos de panadería, alimentos, bebidas y productos relacionados con conveniencia.
Smart Energy General Contractors LLC era una compañía de responsabilidad limitada registrada el 12 de junio de 2018 en el Departamento de Estado de Puerto Rico, que realizaba y brindaba servicios relacionados con la construcción a clientes privados y gubernamentales. El demandado no reveló los ingresos recibidos de Smart Energy General Contractors LLC, a la que se le habían adjudicado contratos con los municipios de Canóvanas y Ceiba por más de $800,000.
Además, Ramos-Hernández está acusado de hacer declaraciones falsas en relación con un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $15,000 en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1014. El 30 de abril de 2020, Ramos-Hernández, en nombre de All Market and Bakery LLC, presentó una solicitud de préstamo PPP a través de un tercero, la cual fue aprobada y desembolsada el 11 de mayo de 2020. El demandado utilizó a sabiendas, sin autoridad legal, el nombre, dirección y firma de una persona con iniciales M.M.T. para presentar la solicitud del préstamo PPP, incurriendo así en fraude bancario y robo de identidad agravado en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1028A y 1344.
Si es declarado culpable, Ramos-Hernández puede ser sentenciado a una pena máxima de prisión de cinco años por cada cargo bajo 18 U.S.C §§157 y 152 (fraude de quiebra) y una multa de $250,000; una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de $1,000,000 por violaciones de 18 U.S.C. §§ 1014 y 1344 (Fraude Bancario); hasta 30 años por declaración falsa en solicitudes de préstamos y créditos; y una sentencia obligatoria consecutiva de dos años de prisión por cada cargo de robo de identidad agravado.
«El acusado utilizó el procedimiento de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores para beneficiarse ilegalmente», dijo el fiscal federal Muldrow. «La Fiscalía de los Estados Unidos permanece atenta en la investigación del fraude relacionado con la quiebra y aprecia el excelente trabajo de la Oficina del Síndico de los Estados Unidos».
«Junto con el fiscal federal Muldrow y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo el fraude y el abuso en los casos de quiebra», dijo la fideicomisaria federal Mary Ida Townson para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Región 21). “Estoy agradecido por el nombramiento por parte del Fiscal Federal de dos Fiscales Federales Auxiliares Especiales de nuestra oficina de San Juan que nos permitirán procesar a todos aquellos que participan en conductas fraudulentas”.
El Programa de Fideicomisarios de EE. UU. es el componente del Departamento de Justicia que protege la integridad del sistema de quiebras al supervisar la administración de casos y litigar para hacer cumplir las leyes de quiebras.
“Mantener la integridad en los procedimientos de quiebra y garantizar la elegibilidad para los beneficios del gobierno son esenciales para defender la ley y promover la justicia en nuestra sociedad”, afirmó Joseph González, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan. “Es crucial que las personas sean sinceras en estos asuntos para mantener la integridad del sistema y garantizar que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan. Solicitamos que cualquier persona que tenga información sobre quiebras -o cualquier otro esquema de fraude- lo informe dejando un aviso en línea a través de tips.fbi.gov o llamando al 787-987-6500. Aquí en el FBI estamos comprometidos a imponer consecuencias a quienes insisten en burlarse de nuestro sistema”.
Este caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar Especial José Capó Iriarte y el Fiscal Federal Auxiliar Especial José C. Díaz Vega de la Oficina del Síndico Federal.
El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
