30 de junio de 2026- San Juan, Puerto Rico – El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público aprobó hoy los factores anuales y trimestrales de la Tarifa Permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, incluyendo una serie de determinaciones dirigidas a proteger el interés público y mitigar el impacto de los costos energéticos sobre los consumidores.La intervención del regulador permitió reducir el impacto proyectado del ajuste por combustible y proteger a los consumidores de asumir costos cuya responsabilidad aún no ha sido determinada.
Como parte de la evaluación de los factores trimestrales relacionados con la compra de combustible y energía, el Negociado tomó conocimiento de la volatilidad en los mercados internacionales de petróleo a raíz de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Ante ese escenario, el organismo regulador requirió a LUMA actualizar sus proyecciones para reflejar las condiciones más recientes del mercado, celebró una Conferencia Técnica y requirió información adicional a LUMA y Genera para analizar el impacto real de los cambios en los mercados energéticos internacionales antes de emitir una determinación final.
“Como resultado de dicha revisión, LUMA presentó una propuesta revisada con un factor de ajuste menor al originalmente solicitado”, establece el documento.
De 2.34 centavos el kWh que había solicitado originalmente Luma para el ajuste trismestral, el Negociado de Energía determinó un ajuste de 1.34 centavos por kWh.
Asimismo, el Negociado evaluó ciertos gastos asociados al suministro de gas natural y determinó diferir $13.29 millones relacionados con insuficiencias en el suministro de combustible económico por parte de New Fortress y Naturgy, evitando que dichos costos fueran trasladados inmediatamente a los consumidores mientras continúan los procesos de reclamación contractual correspondientes.
“Dado que la recuperación de dichos costos podría depender del resultado de ese proceso, el Negociado de Energía determinó que trasladarlos inmediatamente a los consumidores sería prematuro. Esta determinación responde al principio de prudencia regulatoria y busca evitar que los consumidores sufraguen costos cuya responsabilidad aún no ha sido definitivamente determinada”, se establece en el documento.
