«La aprobación del nuevo modelo de generación de energía era anticipable. Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico.. La necesaria transformación de nuestro sistema eléctrico es un asunto prioritario que tiene que atenderse de forma responsable, organizada y seria. Ante esa realidad los presidentes de Cámara y Senado hicimos exigencias en el contrato que permitan lograr ese propósito.
Así, establecimos que cualquier integración del sector privado en ese esfuerzo, tiene que cumplir, a nuestro juicio, con los siguientes requisitos: primero, asegurar la protección de los empleos y los derechos laborales de los trabajadores; segundo, que se asegure estabilidad del sistema y que se reduzcan los apagones; tercero, que se integren a los municipios en proyectos estratégicos; cuarto, que sea el sector privado el que asuma los costos que sean necesarios más allá de los fondos consignados por el gobierno federal; quinto, que se regule el proceso y se establezcan métricas estrictas de cumplimiento: y, sexto, que todo ahorro que genere esa transacción tiene que transferirse en reducciones de tarifas a todos los consumidores. Si el acuerdo anunciado garantiza esos principios, hemos dado un primer paso en la dirección correcta. No obstante, nosotros, desde la Asamblea Legislativa, velaremos para que se cumplan con esos objetivos».
