(San Juan, 6 de febrero de 2026) – Alegar que la Comisión no ha respondido a sus solicitudes es faltarle a la verdad. La información que este grupo alega que no ha sido provista, no solamente es pública, sino que está claramente contenida dentro de la Ley que muy bien ellos conocen.
La Ley de Máquinas de Juegos de Azar, según enmendada, establece un máximo de licencias equivalentes a 25,000 máquinas y dispone las condiciones precedentes que deben cumplirse para que la Comisión pueda aceptar nuevas solicitudes.
Actualmente, existen 110 operadores debidamente licenciados. De conformidad con la Ley, cada operador tiene derecho a operar hasta un máximo de 250 máquinas. Al día de hoy, y desde el inicio del proceso en 2021, se han expedido más de 23,000 licencias. Esto significa que el balance disponible es de menos de 2,000 máquinas, como producto del proceso, implantado en función de la ley existente.
Asimismo, la Ley concede a estos operadores licenciados hasta el 14 de enero de 2028 para completar el pago del balance de sus licencias. No es hasta entonces que la Comisión podría considerar la aceptación de nuevas solicitudes de licencias por parte de dueños mayoristas.
Hoy, a más de cinco años de iniciado el proceso, y mientras la Comisión intensifica sus acciones de fiscalización mediante multas a operadores ilegales y el inminente inicio de procesos de confiscación, estos reclamos resurgen de manera conveniente, a la vez que continúan privando ilegalmente al Gobierno de Puerto Rico de ingresos que le corresponden por ley.
La presentación de demandas contra la Comisión de Juegos se ha convertido en una constante por parte de ciertos grupos de dueños de máquinas, que operan al margen de la ley cada vez que inicia un proceso para implantar una ley, reglamento o entra en vigor alguna normativa. Sin embargo, la Comisión de Juegos ha prevalecido en todas las demandas presentadas. Estamos seguros de que volveremos a prevalecer amparados en la Ley.
La Comisión no cederá ante presiones ni reclamos carentes de fundamento y continuará ejerciendo todas sus facultades legales para erradicar la operación ilegal y proteger la estabilidad de la industria.
