Exigen transparencia en el Plan de Clasificación y Retribución y propone investigación sobre su implementación

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(7 de octubre de 2026 – San Juan, PR) — El representante y portavoz alterno del PPD, Domingo J. Torres García radicó la Resolución de la Cámara 831 para ordenar una investigación exhaustiva sobre la implementación del Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno de Puerto Rico, ante los reclamos de empleados públicos que alegan haber quedado fuera de los ajustes salariales y cuestionan los criterios utilizados para hacer justicia salarial en el servicio público.

Torres García sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de fiscalizar la implementación del plan y garantizar que los servidores públicos reciban información clara sobre su futuro salarial.

“Tenemos empleados públicos de distintos sectores y de todas las ideologías políticas que están levantando un reclamo legítimo: sienten que se cambió la manera en que se está haciendo justicia salarial en el Gobierno. Hay personas con años de experiencia y dedicación al servicio público que no recibieron un ajuste salarial y que todavía desconocen si serán incluidos en futuras etapas. Eso no puede quedarse sin una explicación”, expresó Torres García.

La medida ordena a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la implementación del Plan de Clasificación y Retribución, incluyendo sus etapas futuras y el alcance del Memorando Especial Núm. 14-2026, emitido por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

El referido memorando solicita a las entidades cubiertas por la Ley Núm. 8-2017 información relacionada con sus empleados, incluyendo nombres, salarios mensuales y cambios en sus funciones o puestos, además de información de entidades excluidas de la ley que hayan actualizado sus planes de clasificación y retribución.

“Lo que estamos viendo es que, después de años de trabajo y de la implementación de una primera fase del plan, todavía hay empleados públicos que no tienen respuestas. Ahora se solicita información adicional a las agencias, pero los empleados necesitan saber qué significa esto para ellos, qué etapas faltan y cuándo podrían recibir un ajuste salarial. La incertidumbre también es una forma de injusticia”, afirmó el Representante.

Torres García destacó que los servidores públicos son fundamentales para garantizar la continuidad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía y que la discusión sobre salarios debe considerar también el impacto económico que tendría mejorar las condiciones de quienes trabajan en el Gobierno.

“Cuando hablamos de un aumento salarial para un empleado público no estamos hablando solamente de un número en una nómina. Estamos hablando de una familia que enfrenta el alto costo de vida, de un trabajador que lleva años sirviendo al país y de dinero que vuelve a circular en nuestros comercios y comunidades. Hacer justicia salarial también es una inversión en Puerto Rico”, añadió.

La resolución propone que la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales pueda celebrar las vistas públicas necesarias, citar funcionarios y organizaciones que representen a los servidores públicos, requerir información y realizar inspecciones oculares para cumplir con la investigación. Además, establece que la Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de 90 días después de aprobada la resolución.

El representante también cursó una comunicación al presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, Roberto J. López Román, solicitando que se le brinde el curso de acción correspondiente a la medida y particular atención al reclamo de los empleados públicos.

“Esta investigación no debe convertirse en una pelea partidista. Aquí hay empleados públicos de distintos partidos, pensamientos y sectores que están reclamando lo mismo: claridad, transparencia y justicia. Mi compromiso es que sus voces sean escuchadas y que podamos determinar qué ocurrió con quienes quedaron fuera de los ajustes y qué alternativas existen para hacerles justicia”, concluyó Torres García.

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