15 de julio de 2026— La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado inició la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Facturación Justa tras la crisis en el servicio de agua potable y obtuvo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el compromiso de comenzar a emitir en agosto los créditos correspondientes a los abonados afectados por las interrupciones del servicio.
En la audiencia pública, presidida por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, se atendió la investigación ordenada por la Resolución del Senado 543, de su autoría, para evaluar el cumplimiento de la Ley 143-2018, conocida como la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia, luego de las prolongadas interrupciones en el servicio de agua potable que han afectado a decenas de miles de abonados. La investigación legislativa busca garantizar que ningún ciudadano sea facturado por un servicio que no recibió y fiscalizar el proceso mediante el cual la AAA aplicará los créditos correspondientes a los clientes afectados.
Durante la audiencia comparecieron representantes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Oficina del Procurador del Ciudadano, así como administradores de condominios y ciudadanos afectados que documentaron el impacto económico y social provocado por la falta prolongada del servicio.
“Como resultado de la vista pública, la Comisión requirió a la Oficina del Procurador del Ciudadano que, en un término de cinco días, presente un informe detallando la cantidad de querellas relacionadas con facturación por servicios no recibidos, así como un plan de orientación para informar a los consumidores sobre los derechos que les reconoce la Ley 143-2018 y los mecanismos disponibles para presentar reclamaciones”, sostuvo el senador.
Durante su comparecencia, la AAA informó que actualmente realiza una evaluación individual de las cuentas afectadas para determinar los créditos correspondientes conforme a la Ley 143-2018. La corporación pública indicó que comenzará a reflejar dichos ajustes a partir del mes de agosto, calculándolos según el tiempo real que cada abonado permaneció sin servicio.
Asimismo, anunció que desarrollará una campaña educativa para orientar a los consumidores sobre el proceso de acreditación. Entre las medidas informadas, exhortó a los abonados que aún no hayan pagado la factura correspondiente al período afectado a esperar por el ajuste, mientras que aquellos que ya realizaron el pago recibirán el crédito en futuras facturas.
Uno de los temas principales discutidos durante la vista fue el impacto económico que la emergencia ha provocado en los condominios del área metropolitana, cuyos administradores han tenido que recurrir a camiones cisterna y suplidores privados para garantizar el suministro de agua, incurriendo en gastos que en algunos casos superan los $125,000.
Ante esa realidad, la Comisión solicitó a la AAA recopilar información sobre esos desembolsos para evaluar mecanismos administrativos o alternativas de compensación que eviten largos procesos judiciales para los afectados.
Durante la audiencia también se presentaron ponencias y evidencia documental sobre casos de abonados que recibieron facturas correspondientes a períodos en los que no contaron con servicio de agua potable, así como informes estadísticos que detallan la cantidad de días que múltiples condominios permanecieron sin servicio.
“La Ley de Facturación Justa existe precisamente para proteger al ciudadano en momentos de emergencia. Nuestro deber es asegurar que esa protección se haga valer y que cada abonado reciba un trato justo, transparente y conforme a la ley. Ninguna familia debe pagar por un servicio que no recibió, y esa será la prioridad de esta Comisión hasta que todos los afectados obtengan la justicia que merecen”, expresó Sánchez Álvarez.
Por su parte, la senadora Nitza Morán Trinidad sostuvo que la vista pública dejó al descubierto la necesidad de actualizar los procesos administrativos de la Autoridad para cumplir plenamente con la legislación vigente.
“Hoy quedó claro que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reconoce la vigencia de la Ley 143-2018, pero todavía opera con un reglamento que no está atemperado a esa legislación. Eso crea incertidumbre para miles de abonados que llevan semanas enfrentando interrupciones en el servicio de agua y que merecen saber cómo, cuándo y bajo qué criterios recibirán los ajustes en su factura. Los ciudadanos no pueden seguir esperando. La AAA tiene la responsabilidad de revisar y actualizar sus normas para garantizar que cada consumidor reciba el crédito que le corresponde por los días que estuvo sin servicio, conforme a la ley. Los derechos de los abonados no pueden quedar sujetos a interpretaciones o procesos indefinidos”.
El senador informó que dará seguimiento a los requerimientos realizados durante la vista pública y continuará fiscalizando las acciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de las agencias concernidas para asegurar el cumplimiento de la Ley 143-2018 y la protección de los derechos de los consumidores afectados por la emergencia.
