SAN JUAN, Puerto Rico – El exalcalde del municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico, Javier García-Pérez, fue sentenciado hoy a 37 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de la adjudicación de contratos municipales y el pago de las facturas relacionadas con dichos contratos.
García-Pérez, de 47 años, se declaró culpable en febrero de 2023 de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno. Según documentos judiciales y declaraciones hechas en relación con su declaración de culpabilidad y sentencia, García-Pérez fue alcalde y funcionario de gobierno de más alto rango en el municipio de Aguas Buenas desde 2017 hasta 2022. A partir de 2017, García-Pérez estuvo involucrado en un acuerdo+ en el que recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de otorgar contratos municipales de servicios de disposición de residuos, servicios de asfaltado y pavimentación, y remoción de escombros y pagar las facturas pendientes de los contratos. Específicamente, García-Pérez recibió al menos $32,000 en pagos en efectivo desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2021 de los dos empresarios. Además de la pena de prisión, el acusado fue condenado a dos años de libertad supervisada.
El Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico, el Director Asistente Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la La oficina de campo del FBI en San Juan hizo el anuncio.
La Oficina del l FBI en San Juan investigó el caso.
El abogado litigante Nicholas W. Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Seth Erbe, Jefe de la Sección de Corrupción Pública y Fraude Financiero del Distrito de Puerto Rico, están a cargo de la acusación en el caso. El abogado litigante Ryan R. Crosswell de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Scott H. Anderson para el Distrito de Puerto Rico ayudaron en la investigación.
Estos casos son parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de los funcionarios municipales en Puerto Rico. Además de los asuntos anteriores, la Sección de Integridad Pública y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico han obtenido recientemente condenas contra otros ex funcionarios públicos y contratistas en el Distrito de Puerto Rico por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales. Ver United States v. Félix Delgado-Montalvo, 21-463 (RAM); United States v. Oscar Santamaria-Torres, 21-464 (RAM); United States v. Raymond Rodríguez, 21-465 (RAM); United States v. Mario Villegas-Vargas, 21-468 (FAB); See United States v. Ángel Pérez-Otero, 21-474 (ADC); United States v. Radamés Benítez-Cardona, 21-475 (PAD); United States v. Luis Arroyo-Chiques, 21-485 (SCC); United States v. Eduardo Cintron-Suarez, 22-151 (SCC); United States v. Reinaldo Vargas-Rodríguez, 22-186 (PAD); United States v. Ramon Conde-Melendez, 22-221 (PAD); United States v. Pedro Miranda-Marrero, 22-251 (RAM); United States v. Jose Cruz-Cruz, 22-276 (SCC); and United States Jose Bou-Santiago, 22-379 (ADC).
