Exempleada de la Administración del Seguro Social es sentenciada a cuatro años de prisión por robo de fondos del Seguro Social, uso indebido del Seguro Social y robo de identidad agravado
SAN JUAN, Puerto Rico – La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Gina R. Méndez-Miró, sentenció a la exempleada de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), Myrna Faría —también conocida como Myrna Oliveras-Santiago—, a 48 meses de prisión y un año de libertad supervisada. Asimismo, se ordenó el pago de una restitución a la SSA por la suma de $1,814,167.00 y una multa de $200,000, según anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. La acusada fue puesta de inmediato bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones para comenzar a cumplir su condena. Myrna Faría fue acusada formalmente el 6 de marzo de 2024 y arrestada el 14 de marzo de 2024. El 24 de junio de 2026, tras un juicio que duró una semana, un jurado federal declaró a Myrna Faría culpable de malversar y robar fondos de la SSA —específicamente beneficios de seguro de jubilación, beneficios de seguro para sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares— a los cuales ella sabía que no tenía derecho.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Faría trabajó para la Administración del Seguro Social (SSA) aproximadamente desde 1991 hasta 2019, desempeñándose como “especialista en seguros sociales” y “especialista en reclamaciones” en la Unidad de Apoyo a la Carga de Trabajo (Workload Support Unit) en San Juan, Puerto Rico. Desde marzo de 2012 hasta marzo de 2024, Faría malversó y robó aproximadamente $1,812,455.10 en fondos de la SSA, correspondientes a beneficios de seguro de jubilación, beneficios de seguro para sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares, a los cuales ella sabía que no tenía derecho. Faría aprovechó su puesto dentro de la SSA para presentar reclamaciones falsas en nombre de terceros, utilizando la identidad de personas que ella consideraba fallecidas. Posteriormente, ella misma aprobaba dichas reclamaciones fraudulentas y proporcionaba su propia información bancaria y dirección postal para recibir, de manera ilícita, los fondos destinados a los beneficiarios de la SSA. Faría procedió a retirar, transferir y gastar el dinero de las cuentas en las que se recibieron fraudulentamente los fondos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). A lo largo de doce años, Faría presentó y aprobó 13 solicitudes fraudulentas, que sumaron más de un millón de dólares.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal interino del Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó; Amy Connelly, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social; Carlos Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan; y Blasdimir Rojo, inspector postal a cargo de la División de Miami.
La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos investigaron el caso, con la colaboración del Departamento de la Policía de Puerto Rico. Los fiscales federales adjuntos especiales, Vanessa D. Bonano-Rodríguez y Niranjan Emani, estuvieron a cargo de la acusación en el caso en representación de la Administración del Seguro Social.
