Análisis del economista Gustavo Vélez identifica los factores que han afectado la retención de terapistas, la estabilidad de los proveedores y la continuidad de los servicios para miles de estudiantes de educación especial, y presenta recomendaciones para fortalecer el sistema.
San Juan, Puerto Rico – La Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST) informó que el pasado 10 de junio presentó al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, los resultados de un estudio realizado por el reconocido economista Gustavo Vélez y su firma Inteligencia Económica, el cual concluye que Puerto Rico enfrenta una crisis creciente en la retención de terapistas y profesionales de servicios relacionados, situación que impacta directamente la capacidad del sistema para atender las necesidades de miles de estudiantes de educación especial.
El análisis examina factores como la inflación, los costos operacionales, la estructura tarifaria, la sostenibilidad de los proveedores y la competitividad del mercado laboral, concluyendo que el modelo actual enfrenta serias dificultades para retener el talento profesional necesario para responder a la creciente demanda de servicios.
Según el estudio, mientras la necesidad de servicios continúa aumentando, Puerto Rico sigue perdiendo terapistas hacia otras jurisdicciones que ofrecen mejores condiciones económicas y mayores oportunidades profesionales. Esta realidad limita la disponibilidad de especialistas y dificulta que muchos estudiantes reciban los servicios que necesitan de manera continua y oportuna.
“Cada terapista que perdemos representa una terapia más para un niño en Estados Unidos y una terapia menos para un niño de educación especial en Puerto Rico”, expresó Víctor Moreno, presidente de APPST.
La APPST destacó que el estudio confirma una realidad que proveedores, familias y profesionales han señalado durante años: resulta cada vez más difícil reclutar y retener terapistas en Puerto Rico mientras continúan aumentando los costos de operación, el costo de vida y las exigencias administrativas.
La Asociación enfatizó que la actualización tarifaria para el inicio del próximo año escolar resulta sumamente vital, no solamente para fortalecer la retención de terapistas y garantizar la continuidad de los servicios, sino también para la estabilidad de los proveedores que durante años han absorbido el impacto económico del sistema para evitar interrupciones en los servicios que reciben los estudiantes de educación especial.
Durante años, los proveedores han absorbido el impacto de la inflación, los aumentos en costos operacionales, el incremento en seguros, tecnología, agua, energía eléctrica, transportación y las crecientes exigencias regulatorias necesarias para mantener la continuidad de los servicios. A esto se suma la realidad de un mercado laboral donde los terapistas (contratistas independientes) enfrentan los mismos aumentos en el costo de vida y requieren compensaciones más competitivas para permanecer ejerciendo en Puerto Rico.
Víctor Moreno señaló que la realidad económica que enfrentan los proveedores en el 2026 es completamente distinta a la que existía cuando se estableció la estructura tarifaria actual. Como ejemplo, destacó que el salario mínimo ha aumentado significativamente durante la última década, elevando los costos del personal administrativo y de apoyo que toda operación necesita para funcionar.
“Mientras la realidad económica del país ha cambiado drásticamente desde el 2015, la estructura bajo la cual opera gran parte del sistema de educación especial prácticamente se ha mantenido congelada en el tiempo. Los proveedores han tenido que absorber esos aumentos para poder retener terapistas, responder al incremento en el costo de vida y cumplir con nuevas exigencias administrativas y regulatorias. Sin embargo, llega un punto donde ningún negocio puede seguir absorbiendo indefinidamente costos que continúan aumentando sin que exista una respuesta proporcional del sistema”, expresó Moreno.
La Asociación advirtió que esta acumulación de presiones económicas ha provocado que numerosos proveedores operen en una situación de alta vulnerabilidad financiera. Según APPST, la continuidad de los servicios ha dependido en gran medida de la capacidad de los proveedores para absorber costos que deberían formar parte de una planificación estructural del Estado. Como resultado, muchas organizaciones operan en una constante cuerda floja financiera, donde cualquier aumento adicional en costos, retraso en pagos o nueva carga regulatoria puede afectar seriamente su estabilidad operacional.
APPST sostuvo que esta realidad no es producto de una sola administración, sino del efecto acumulado de años de inacción en la actualización de la estructura económica del sistema. La organización advirtió que continuar postergando decisiones necesarias solo aumentará la presión sobre los proveedores, acelerará la pérdida de terapistas y dificultará aún más la capacidad de garantizar servicios para los estudiantes de educación especial.
Por ello, la APPST reiteró que resulta indispensable continuar avanzando en los procesos de diálogo con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para lograr una actualización tarifaria que responda a la realidad económica del año 2026 y contribuya a fortalecer la estabilidad del sistema de cara al inicio de los servicios el próximo 3 de agosto.
No obstante, la Asociación advirtió que la solución no puede limitarse exclusivamente al tema tarifario. Muchos de los retos identificados en el estudio trascienden la jurisdicción del Departamento de Educación y requieren la participación activa de la Gobernadora de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y otras agencias gubernamentales.
La APPST informó que el estudio ya fue presentado al secretario de Educación y que actualmente se trabaja en análisis adicionales para evaluar el impacto económico de las recomendaciones y las alternativas disponibles para fortalecer la estabilidad del sistema a largo plazo.
“Actualizar las tarifas es una necesidad urgente y una responsabilidad que no puede seguir posponiéndose. Pero este estudio demuestra que el futuro de la educación especial no depende únicamente de una revisión tarifaria. Depende de la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para asumir un compromiso real con las causas que han debilitado el sistema durante años.
Hoy ya no existen excusas. Existe evidencia, existe un análisis económico independiente y existe una hoja de ruta con recomendaciones concretas.
Los proveedores han hecho su parte. Han absorbido inflación, aumentos en costos operacionales, mayores exigencias regulatorias y las presiones de un mercado laboral cada vez más competitivo para garantizar que nuestros niños continúen recibiendo servicios. Pero ningún sistema puede sostenerse indefinidamente cuando quienes lo operan trabajan al límite de su capacidad financiera.
Moreno asegura que ha llegado el momento de que el Gobierno de Puerto Rico asuma su responsabilidad y atienda las causas que han llevado al sistema hasta este punto. Atender las consecuencias es importante, pero corregir las causas es indispensable. Esa es precisamente la diferencia entre reaccionar a una crisis y resolverla. Nuestros niños no pueden seguir esperando, nuestros terapistas no pueden seguir marchándose y nuestros proveedores no pueden seguir financiando solos un sistema que le corresponde proteger al Estado. Hoy contamos con evidencia, con datos y con una hoja de ruta clara para atender los problemas que por años han debilitado la educación especial en Puerto Rico.
La educación especial tiene que dejar de ser una prioridad de discurso para convertirse en una prioridad de acción. El momento de actuar no es mañana. Es ahora.
