SAN JUAN, Puerto Rico – El viernes 21 de noviembre de 2025, Elsa Santiago Colón, empleada del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (o “PRTD”), se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos, involucrando el robo de fondos gubernamentales, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 371.
Según los cargos y las pruebas del caso, Elsa Santiago-Colón, a sabiendas y deliberadamente, conspiró con otros para robar más de $1,000 en fondos federales, además de aceptar sobornos a cambio de sus actos corruptos. Las acusaciones incluyen que, desde enero hasta mayo de 2021, Santiago-Colón fue funcionaria pública del PRDT y tuvo acceso privilegiado a las cuentas del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) de contribuyentes puertorriqueños. Como parte de la conspiración para defraudar, Santiago-Colón aceptó corruptamente pagos en efectivo y otros beneficios, incluyendo comidas, a cambio de modificar y proporcionar las credenciales SURI de los contribuyentes al Individuo A, un cómplice. Con esa información de SURI, el Individuo A posteriormente presentó solicitudes fraudulentas al programa de Subvenciones para la Interrupción de Negocios (BIG), que proporcionaba asistencia del Fondo de Ayuda para el Coronavirus del Tesoro de los Estados Unidos a pequeñas empresas elegibles. En total, el PRDT desembolsó un total aproximado de $128,000 en fondos fraudulentos debido a los delitos imputados.
“Junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, nuestra oficina continuará persiguiendo enérgicamente a los individuos corruptos en el gobierno que se aprovechan del sistema para beneficiar a unos pocos a cambio de sobornos”, declaró el fiscal federal W. Stephen Muldrow. “Este proceso sirve como advertencia a otros empleados públicos involucrados en este tipo de esquemas de que serán investigados y procesados, y que tales violaciones no serán toleradas”.
Elsa Santiago Colón compareció por primera vez ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, donde renunció a la acusación formal y se declaró culpable de un cargo ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Silvia Carreño Coll. Enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa que no exceda los doscientos cincuenta mil dólares y libertad supervisada. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará su sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el caso. La Fiscal Federal Adjunta, Linet Olinghouse, está a cargo de la acusación.
