(3 de febrero de 2026)-Hoy se llevó a cabo la Vista Pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José Hernández Concepción, sobre el Proyecto de la Cámara 1018 para enmendar los Artículos 1.111-A, 2.10, 2.12, 7.01, 7.02, 7.09, eliminar el inciso (e) y reenumerar los incisos (f) y (g) del Artículo 10.16 y añadir nuevos Artículos 1.111-B, 1.111-C, 3.07-A y 3.07-B de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines de establecer un sistema uniforme de registro digital para vehículos todo terreno y respectivas clasificaciones, vehículos de baja velocidad o carritos de golf u otros análogos, crear la autorización de circulación Street-Legal, autorizar la circulación en vías públicas bajo condiciones de seguridad, delimitar zonas restringidas y de acceso controlado, disponer elementos de fiscalización y campañas educativas; establecer un periodo de amnistía especial de registro; y para otros fines relacionados, a esos efectos el director ejecutivo de la Comisión de la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo”, González, indicó que el Proyecto de la Cámara 1018 constituye una respuesta necesaria, moderna y
responsable ante el crecimiento acelerado del uso de vehículos todo terreno,
vehículos de baja velocidad y carritos de golf en las vías públicas del país
El Proyecto de la Cámara 1018 constituye una respuesta necesaria, moderna y
responsable ante el crecimiento acelerado del uso de vehículos todo terreno,
vehículos de baja velocidad y carritos de golf en las vías públicas del país. Durante
años, Puerto Rico ha enfrentado un serio problema de seguridad vial y de orden
público debido a la circulación irregular de estos vehículos, muchos de ellos sin registro,
sin inspección, sin seguro y sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Esta
situación ha puesto en riesgo la vida de conductores, peatones y comunidades
enteras, al tiempo que ha limitado la capacidad de las autoridades para fiscalizar y
aplicar la ley de manera efectiva. El proyecto que se presenta atiende de forma
integral esta problemática, estableciendo un marco regulatorio claro, uniforme y
ejecutable que permitirá devolver el orden y la seguridad al tránsito. La medida propone un sistema unificado de registro digital, con tablilla y marbete electrónico especializado, que permitirá identificar cada vehículo de manera precisa y confiable. Esta herramienta es fundamental para combatir la evasión contributiva, el uso ilegal de vehículos no registrados y la proliferación de unidades sin trazabilidad. Al integrar este registro con la Policía de Puerto Rico, las policías municipales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se crea un ecosistema de fiscalización robusto que permitirá a las autoridades actuar con rapidez, coordinación y eficacia. Por primera vez, el Estado contará con un inventario real y verificable de estos vehículos, lo que facilitará su control y supervisión”, dijo el director de la CST.
El proyecto también atiende directamente los riesgos de seguridad vial al establecer
requisitos estrictos para la autorización de circulación “Street-Legal”. Solo podrán
transitar por las vías públicas aquellos vehículos que cumplan con inspección
mecánica, equipo de seguridad, póliza de responsabilidad pública y adiestramiento
del conductor. Esta estructura elimina la ambigüedad que ha permitido que vehículos
no aptos circulen libremente, y garantiza que quienes operen estos vehículos lo hagan
bajo estándares comparables a los de cualquier otro vehículo de motor. Además, la
medida fortalece las disposiciones sobre conducción bajo los efectos de alcohol o
drogas, transporte inseguro de pasajeros y operación indebida en áreas naturales
protegidas, cerrando lagunas legales que históricamente han obstaculizado la acción
policial.
Uno de los elementos más importantes del proyecto es que le otorga verdaderas
“garras” a las autoridades. La creación de sanciones más severas, la posibilidad de
confiscación inmediata, la ampliación de facultades de intervención y la claridad en
las prohibiciones permiten que la Policía y las agencias concernidas actúen con
firmeza y sin ambigüedades. El proyecto reconoce que la falta de herramientas
legales ha sido uno de los mayores obstáculos para controlar el uso indebido de estos
vehículos, y responde con un andamiaje normativo que finalmente permitirá poner
orden en las carreteras y comunidades.
Asimismo, la medida incluye un periodo de amnistía especial que permitirá a los
dueños regularizar sus vehículos sin penalidades, incentivando la legalidad y
facilitando la transición hacia un sistema más seguro y organizado. Esta disposición
demuestra un balance adecuado entre la firmeza regulatoria y la oportunidad
razonable para el cumplimiento voluntario.
Por otro lado, y en lo pertinente a la razón de ser de nuestra dependencia, el proyecto
de ley ordena la implementación de campañas educativas a nivel isla, en
coordinación con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el DTOP, la Policía de
Puerto Rico y demás agencias, dirigidas a concienciar sobre el uso responsable de
estos vehículos y las consecuencias legales de su uso indebido. Este esfuerzo de
educación será fundamental para garantizar la efectividad del mandato legislativo.
En esencia, el Proyecto de la Cámara 1018 merece un respaldo decidido desde la
perspectiva de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, cuya misión estatutaria es
reducir muertes, lesiones y riesgos en las vías públicas mediante políticas públicas
basadas en evidencia, educación preventiva y fortalecimiento de la fiscalización. Este
proyecto se alinea directamente con esos objetivos, pues atiende uno de los
problemas más persistentes y peligrosos en la seguridad vial del país: la circulación
descontrolada de vehículos todo terreno y vehículos de baja velocidad sin regulación
adecuada, sin equipo de seguridad y sin mecanismos efectivos de identificación y
fiscalización.
Durante años, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito ha advertido que la
operación de estos vehículos en vías públicas, sin adiestramiento, sin registro y sin
equipo protector, ha generado un patrón sostenido de accidentes graves, muchos de
ellos fatales. Un elemento de enorme importancia para la Comisión es que el proyecto
incorpora requisitos explícitos de seguridad personal. La obligación de utilizar cascos
certificados por el DOT y ropa protectora mientras se opera un vehículo todo terreno
no es un detalle menor: es una medida probada que salva vidas. La evidencia
científica demuestra que el uso de casco reduce significativamente el riesgo de
trauma craneal y muerte en accidentes con vehículos de este tipo. Al convertir esta
obligación en ley, el proyecto fortalece la capacidad del Estado para exigir prácticas
seguras, fiscalizar su cumplimiento y educar al público sobre la importancia de la
protección personal. Esta disposición, por sí sola, representa un avance sustancial en la
prevención de lesiones graves.
Además, el proyecto provee a las autoridades herramientas reales para intervenir con
vehículos no registrados, con marbetes alterados o con conductores que operan sin
autorización. La posibilidad de confiscación inmediata, el aumento en las multas y la
integración de sistemas tecnológicos entre agencias permiten una fiscalización más
ágil y efectiva. Para la Comisión, que depende de datos confiables para diseñar
campañas educativas y estrategias de prevención, el registro digital y la trazabilidad
de estos vehículos representan un salto cualitativo en la capacidad del Estado para
entender y atender el problema.
Finalmente, el proyecto promueve una cultura de responsabilidad vial al exigir
adiestramiento, exámenes teóricos y prácticos, y certificaciones de inspección
mecánica antes de autorizar la circulación. Estas medidas son consistentes con los
principios rectores de la Comisión: educación, prevención y cumplimiento. Al exigir
que los operadores conozcan la ley, comprendan los riesgos y manejen vehículos en
condiciones adecuadas, se reduce la probabilidad de accidentes y se fomenta un
comportamiento vial más seguro.
Desde la óptica de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Proyecto de la
Cámara 1018 cuenta con justificaciones razonables. Su aprobación permitirá salvar
vidas, reducir lesiones, fortalecer la fiscalización y promover un tránsito más ordenado y
seguro para todos los residentes de Puerto Rico.
En vista de lo expresado, no tenemos objeción a la aprobación del Proyecto de la
Cámara 1018. Reiteramos la disponibilidad de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para colaborar en la implementación de las políticas públicas que propendan al bienestar
de la ciudadanía y que correspondan a nuestras funciones y poderes dispuestos en
nuestra ley orgánica. Esperamos que la información aquí provista sea de utilidad para
la honorable comisión.
