El Departamento de la Familia aclara que no hubo contrato, petición de fondos ni desembolso a favor de NOLA Education

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La secretaria Suzanne Roig Fuertes y el secretariado de Departamento no formaron parte de ese intercambio

(SAN JUAN, PUERTO RICO – 21 de octubre de 2026) – Tras publicaciones sobre supuestas gestiones de pago a la empresa NOLA Education, el Departamento de la Familia aclaró que el correo electrónico citado fue un intercambio interno entre funcionarios de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Ese intercambio no constituye una solicitud de fondos, ni una autorización de pago, ni una gestión de desembolso a favor de la empresa.

La comunicación se dio entre el entonces administrador de la ADSEF, Lcdo. Ramón Burgos, y el administrador auxiliar de Finanzas y Presupuesto, Eddie Burgos. En ella se evaluaban posibles mecanismos de pago y se revisaban las disposiciones legales y los manuales aplicables. Fue un análisis preliminar que no culminó en ninguna acción administrativa ni fiscal.

La secretaria Suzanne Roig Fuertes y el Secretariado del Departamento no formaron parte de ese intercambio.

Una certificación oficial emitida el 16 de junio de 2026 por la Administración Auxiliar de Finanzas y Presupuesto de la ADSEF establece que esa oficina no recibió de la Oficina de Asuntos Legales ninguna solicitud de fondos para un contrato a favor de NOLA Education.

“Una consulta interna entre funcionarios no es una autorización para comprometer fondos públicos. En este caso no se formalizó un contrato, no se presentó una petición de fondos y no se tramitó ningún desembolso. Un análisis preliminar no es una determinación ni un pago autorizado”, expresó la secretaria Roig Fuertes.

La titular añadió que evaluar alternativas administrativas no equivale a adjudicar un contrato y que todo compromiso de fondos públicos debe cumplir con los procedimientos legales, fiscales y reglamentarios correspondientes.

“El manejo de los fondos públicos exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra posición. Los documentos deben examinarse en su contexto y no usarse para atribuir decisiones que no ocurrieron”, puntualizó la secretaria Roig.

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