(El Capitolio – 21 de abril de 2026) – La secretaria del Departamento de Justicia, Lcda. Lourdes Gómez Torres, requirió que el presupuesto vigente de la agencia se adopte para el próximo año fiscal, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de la agencia, salvaguardar el interés público y garantizar un sistema de justicia accesible, eficiente y confiable.
En vista pública de la Comisión de Hacienda, presidida por el representante Eddie Charbonier Chinea, la titular informó que el presupuesto propuesto consolidado para el 1 de julio alcanza los $182,745,000 millones, el cual es $6,256,000 millones menor al vigente, por lo que se apresta a iniciar conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) al respecto.
“Al momento el Departamento de Justicia ha iniciado conversaciones con la OGP, dirigidas a mantenernos en el presupuesto vigente con ajustes en partidas recurrentes indispensables para el funcionamiento de la agencia, en armonía con la política pública fiscal del Ejecutivo y en cumplimiento con el Plan Fiscal para Puerto Rico”, dijo Gómez Torres.
La cifra que proviene específicamente del Fondo General alcanza los $153,600,000 millones, $7,024,000 millones de Fondos Especiales Estatales y $22,061,000 millones correspondiente a Fondos Federales.
La petición responde a una agenda estratégica “orientada a continuar avanzando hacia un modelo de justicia especializada, eficiente y centrada en la protección de derechos, particularmente de las víctimas y testigos de delito”.
Este se enfoca “en el desarrollo de capital humano especializado, así como la modernización de la infraestructura y los procesos institucionales, elementos indispensables para una ejecución eficaz de la política pública”.
La secretaria destacó que, entre los gastos dentro del presupuesto, está llenar las vacantes que por ley deben completarse, entiéndase plazas como fiscales y registradores de la propiedad. Se deben separar los fondos para esto, así como para los servicios profesionales, y los costos asociados al licenciamiento, garantía y mantenimiento de los sistemas de información del departamento, varios de los cuales operan en coordinación con el gobierno federal.
Específicamente en el tema de los servicios profesionales, Gómez Torres puntualizó que si bien se ha planteado la posibilidad de reducir esta partida “dicha alternativa no resulta viable para el Departamento”, ya que el 95 por ciento de estos fondos corresponden a la contratación de peritos, traductores, intérpretes de lenguaje de señas, psicólogos y otros profesionales los cuales calificó de “indispensables para la adecuada tramitación de los casos”.
Así también, enfatizó en la partida correspondiente al presupuesto operacional del Albergue para Víctimas y Testigos, adscrito al Programa de Investigación y Procesamiento Criminal, el cual refleja un aumento ya que “el albergue comenzará a operar a su máxima capacidad durante el próximo año fiscal”.
Estos fondos se colocaron bajo el renglón de asignaciones englobadas con el propósito de mantener estos costos segregados y así facilitar una mayor visibilidad y control de gasto.
A preguntas del representante Charbonier Chinea, en torno al Albergue de Víctimas y Testigos de Delitos, la secretaria señaló este programa “es nuestra mayor prioridad, cuando llegamos al DJ, visitamos el Albergue y no estaba en las mejores condiciones y lo hemos ido trabajando, ha ido mejorando, hoy en día tenemos albergadas 30 personas que cooperan en el esclarecimiento de los casos y nuestra prioridad es que el Albergue pueda funcionar a cabalidad”.
Por lo tanto, están en gestiones remodelación de estas instalaciones y así ofrecerles todos los servicios que son necesarios para sobrevivir, desde ropa y alimentos hasta medicamentos no solo para los testigos sino para sus familiares.
Esto incluyendo el mobiliario necesario para la estadía de estas personas que contribuyen a la resolución de los casos, así como los servicios médicos, guardias de seguridad. La agencia está solicitando un presupuesto de $1,545,648 millones.
“La realidad es que tengo que decirle que estaba funcionando con un presupuesto mínimo y de igual forma así eran las condiciones en que estaba”, apuntó la funcionaria.
Otro de los renglones a los que Gómez Torres dio relevancia es a la necesidad de contratar y retener, no solo a los fiscales, sino a otro personal tal como abogados, agentes investigadores, taquígrafos y técnicos a cargo de las víctimas del crimen, indispensables para llevar de forma eficiente los casos.
Mientras que, a preguntas del presidente cameral, el representante Carlos “Johnny Méndez, en torno al número de demandas contra el Estado, detenidos por la paralización de impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que pudieran afectar el presupuesto del DJ una vez se levante el llamado “stay”, la secretaria de comprometió a brindar la información en cinco días laborables.
Ciencias Forenses prioriza retención de personal
Por su parte, la doctora María Conte Miller, directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), destacó que casi el 65 % del presupuesto de la agencia está comprometido para cubrir los gastos de nómina y costos relacionados, siendo esta alta dependencia uno de los principales retos.
Por tal razón, solicitó un presupuesto para el próximo año fiscal de $25.5 millones, de los cuales $17.6 millones serán destinados a este renglón.
“Es medular seguir evaluando y manteniendo los salarios de nuestros profesionales competitivos en el mercado para la permanencia de estos en el ICF, y así detener la fuga hacia los Estados Unidos de nuestros científicos, técnicos y peritos”, pronunció Conte Miller.
La patóloga también señaló que la reducción significativa de servicios externos ha fortalecido el control de costos, pero también ha sido un riesgo para la institución al tener una menor flexibilidad de personal y mayor necesidad de los recursos internos.
“Esto puede impactar la velocidad de ejecución, el acceso a personal especializado y la capacidad de responder a picos de demanda”, puntualizó, mientras agregó que peticionó una asignación de $1.1 millones para mantener la renovación de los diversos contratos.
Conte Miller informó que cuenta con seis patólogos como empleados regulares y mantiene contratos con tres patólogos adicionales a los efectos de conservar los estándares de las entidades acreditadoras, las cuales exigen que un patólogo no realice más de 250 autopsias anuales.
No obstante, aseguró que el ICF ha mantenido los gastos dentro de los parámetros de los fondos asignados como resultado de “mecanismos internos de austeridad”. “Estar entre los 15 institutos del mundo conlleva una gran responsabilidad que debe estar respaldada por un presupuesto que viabilice el sostenimiento de ese nivel de calidad, eficiencia y cumplimiento”, manifestó.
Durante los trabajos de esta audiencia pública participaron los representantes Luis “Josean” Jiménez Torres, Víctor Parés Otero, Nelie Lebrón Robles, Gretchen Hau y Lisie Burgos Muñiz.
