(10 de abril de 2026; San Juan, Puerto Rico) – La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó hoy que el Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en relación con las actuaciones imputadas a la entonces secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña.
Como parte de la política de divulgación de información pública y en cumplimiento con la Ley Núm. 2-1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, se notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la determinación adoptada tras la culminación de la investigación preliminar. Asimismo, se informó de esta recomendación a los representantes Ramón A. Torres Cruz y Swanny E. Vargas Laureano, así como a la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña.
La investigación preliminar inició tras un referido presentado por los representantes Torres Cruz y Vargas Laureano sobre posibles irregularidades vinculadas a centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda.
La investigación fue realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) la cual evaluó la totalidad de la prueba recopilada, incluyendo declaraciones juradas, documentos y otra evidencia pertinente. Como parte del proceso investigativo, se realizaron entrevistas y declaraciones juradas, y se diligenciaron varios requerimientos de información dirigidos a diversas agencias gubernamentales.
A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
El Departamento de Justicia reitera que esta determinación se realiza en una etapa preliminar y no constituye una adjudicación final de responsabilidad penal.
Por otro lado, como parte de la evaluación realizada, el Departamento de Justicia identificó aspectos relacionados con los procesos administrativos aplicables a centros de inspección de vehículos de motor que ameritan revisión adicional por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). En ese sentido, se recomendó a dicha agencia evaluar internamente estos procesos y, de identificar posibles violaciones de carácter penal, referir los mismos a las autoridades correspondientes para el trámite pertinente.
Debido a que el asunto se encuentra actualmente bajo la consideración del OPFEI, el Departamento de Justicia no emitirá expresiones adicionales sobre este caso.
