Un informe de la OIG detalla más de $3 millones en costos cuestionados debido a deficiencias en la documentación y certificación de pagos
(San Juan, Puerto Rico-2 de mayo de 2025)- La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), publicó un informe de examen relacionado con los gastos en contratos de publicidad formalizados por el Departamento de Salud (DS), incluyendo aquellos vinculados a la pandemia por el COVID-19. El informe detalla una serie de deficiencias en los controles internos, la fiscalización de pagos y el cumplimiento con las normativas vigentes que rigen la contratación de servicios profesionales.
Informe OIG-E-25-007 Departamento Salud
Durante el periodo examinado, del 1 de enero de 2021 al 15 de mayo de 2024, el DS formalizó 31 contratos de publicidad por un total de $27.3 millones. La OIG evaluó 11 de estos contratos con sus respectivas enmiendas, representando el 78% del total contratado. Como resultado de esta evaluación, se identificaron costos cuestionados ascendentes a más de $3 millones.
“Las situaciones comentadas tienen el efecto de representar $3,052,168.18 de costos cuestionados debido a la ausencia y errores con respecto a los justificantes e informes de labor realizada en los pagos realizados lo que puede propiciar errores, desviaciones, fraude y otras irregularidades en los desembolsos y que los mismos no puedan detectarse a tiempo para fijar responsabilidades”, se detalló en el informe.
Además de la falta de evidencia documental, la OIG observó incumplimientos en aspectos contractuales y fiscales, como errores en la aplicación de la aportación especial del 1.5% dispuesta por la Ley Núm. 48-2013 y la pérdida de descuentos por pronto pago, al no contar con los controles mínimos en la tramitación de las facturas.
El informe levantó cuestionamientos sobre deficiencias en los procesos de competencia para la adjudicación de contratos. Se documentó la ausencia de evidencia del aviso de publicación de subastas, la falta de ponche de registro en las propuestas recibidas, hojas de evaluación sin firma de los miembros del Comité, y la ausencia del informe dirigido al Secretario de Salud, que es requerido con el resumen de las evaluaciones y la recomendación de adjudicación. De igual forma, no se encontró el Aviso de Adjudicación ni evidencia de su notificación a los proponentes.
Otro de los hallazgos destacados es la ausencia de procedimientos escritos y aprobados para la pre-intervención e intervención fiscal de las facturas. Según certificación de la directora de Finanzas, los manuales existentes no habían sido revisados desde 2019 y no contaban con aprobación, lo que impidió establecer criterios uniformes en las distintas áreas responsables del proceso fiscal.
La OIG emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Secretario de Salud que incluyen la adopción de procedimientos fiscales formales, la revisión de la política de contratación, la evaluación de posibles recobros y la implantación de medidas correctivas que garanticen el uso adecuado de fondos públicos. Además, se requirió la enmienda de la Orden Administrativa Núm. 581 para asegurar que los procesos de competencia se documenten adecuadamente y cumplan con los requisitos mínimos establecidos.
