Los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche, Ramón M. Mendoza Rosario y Manuel E. Núñez Corrada, según habían informado ayer, enviaron hoy una comunicación al Hon. Domingo Emanuelli Hernández, secretario de Justicia, refiriendo la actuación con visos de ilegalidad del testigo principal en el caso contra el senador Albert Torres Berrios, informó la oficina de Prensa del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
En el día de hoy, el FEI presentó un informe ante los miembros del Panel, relatando los extremos que se suscitaron durante la vista en alzada de Regla 6 contra el legislador, donde advinieron en conocimiento de que el testigo del ministerio público había intentado influenciar la determinación de la juez al visitar a sus señores padres.
Cumplido ese trámite, los fiscales Fuster Troche, Mendoza Rosario y Núñez Corrada refirieron a Justicia los pormenores de lo sucedido, que obligó al desistimiento del caso contra Torres Berrios, contra el cual pesaban cargos por soborno, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y violaciones a la Ley Número 2 de 2018, del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
Los fiscales advirtieron que las acciones del testigo y su conducta contraria a los procesos judiciales, Los fiscales especiales subrayaron la importancia de actuar de manera firme y contundente ante estas situaciones, para preservar la integridad del sistema judicial y el interés público.
En ese sentido, los fiscales especiales mostraron su indignación de que se haya defraudado el interés público de combatir cualquier forma de corrupción, precisamente por acciones de un testigo que reclamaba ser víctima de actos ilegales.
Siendo así, solicitaron al Secretario de Justicia que se analice cualquier acción en derecho que desaliente Ia manipulación de procesos judiciales, que igualmente, han causado una inversión de fondos públicos para combatir el crimen sin un desenlace de protección a los intereses del pueblo.
Debido a que el testigo no está bajo la lista de funcionarios con jurisdicción de PFEI, cualquier acción legal tiene que ser incoada por el Departamento de Justicia.
