(El Capitolio – 9 de mayo de 2025) – La transformación digital y contratación de puestos de difícil reclutamiento son las prioridades que delineó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes al peticionar un aumento aproximado de $2.6 millones en el presupuesto de la agencia para el próximo año fiscal.
La adquisición de tabletas para los inspectores que aún imponen infracciones de forma manual y la modernización de la plataforma electrónica del DACO son algunas de las modificaciones que le urgen a la secretaria Valerie Rodríguez Erazo, por lo que solicitó una partida que ronda los $2 millones en fondos no recurrentes para atender la estructura tecnológica de la agencia.
“Sí tenemos unos retos. Lo más primordial para nosotros es la transformación digital y darles a mis inspectores el equipo para nosotros poder generar los ingresos que sabemos que podemos generar”, expresó la titular al señalar que los inspectores del DACO continúan emitiendo multas a papel a los comercios que cometen incumplimientos.
Rodríguez Erazo informó que tiene alrededor de 2,500 facturas equivalentes a $650,000 en multas que aún no se han logrado cobrar por falta de un sistema digital efectivo. Para atender esta situación, la administración designó un “task force” cuyo objetivo es completar el proceso de conciliación, pero puntualizó que los miembros son empleados con otras responsabilidades en el Departamento.
“Mis inspectores tienen una gran capacidad de generar más ingresos propios para el DACO, pero nosotros necesitamos tecnología. Es la misma que usan en los 50 estados, pero nosotros seguimos a libretita, y es una petición bien especial que estamos haciendo”, afirmó Rodríguez Erazo.
De igual forma, la funcionaria explicó que requirió alrededor de $600,000 adicionales con cargo al Fondo General para el reclutamiento de investigadores de querellas sobre construcción y automóviles, entre otras plazas esenciales en el área de querellas y orientación a los consumidores.
Aseguró, además, que está en negociación con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para ajustar las clasificaciones de sus inspectores y que devengan un salario ajustado al mercado. Según Rodríguez Erazo, estos empleados continúan con una escala 3 en el Plan de Clasificación y Retribución del gobierno, a pesar de que puestos similares y con las mismas funciones en otras agencias recibieron una escala 10.
En resumen, el presupuesto consolidado que procura la agencia para el año fiscal 2025-2026 asciende a $18.7 millones. El representante Charbonier Chinea adelantó que la Comisión de Hacienda espera recibir el presupuesto del gobierno revisado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el próximo 12 de mayo y que sea aprobado por la Asamblea Legislativa para el 3 de junio.
“La Junta lo devuelve a la Legislatura para aprobarlo, posteriormente, siguiendo el procedimiento ordinario de aprobación de medidas en la Cámara y el Senado, lo que quiere decir que todavía estamos a tiempo para trabajar algunas partidas y medidas”, dijo el legislador.
Durante la audiencia también presentaron sus justificaciones presupuestarias la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y la Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA).
El Ombudsman Edwin García Feliciano pidió un presupuesto de $3.7 millones para el próximo año fiscal, aunque señaló que la agencia verdaderamente necesita $4.5 millones netos. La JSF, sin embargo, recomendó un presupuesto con $503,000 menos a la cantidad peticionada.
García Feliciano resaltó que esta varianza recae en gran parte al aumento en la partida de nómina para el reclutamiento del personal necesario en las oficinas regionales que fueron reabiertas en Arecibo, Ponce y Bayamón durante el año fiscal vigente. De igual manera, se reubicó la oficina central.
La agencia pretende llenar 13 de 79 plazas vacantes enfocadas en empleados que brindan servicios directos al ciudadano y otros puestos bajos los Procuradores Especializados. “La importancia de aprobar esta asignación es que podamos maximizar nuestras responsabilidades fiscalizadoras para lograr que las agencias sean responsivas a los reclamos de la ciudadanía”, afirmó el Procurador.
Por otro lado, el gerente general del CBA, Jetppeht Pérez, detalló que el presupuesto vigente de la corporación suma $7.3 millones, una cantidad que será semejante durante el próximo año fiscal. Sin embargo, indicó que solicitó $1 millón adicional en la partida operacional para la seguridad de las instalaciones y el mantenimiento, incluyendo las nuevas áreas en construcción próximas a terminar relacionadas a un teatro al aire libre.
También incluyó el mantenimiento de la Sala Sinfónica en esta asignación que será mediante fondos no recurrentes
