SAN JUAN, Puerto Rico – El 10 de junio de 2026, un gran jurado federal emitió una acusación formal de 21 cargos contra seis individuos por conspiración para cometer robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario, uso indebido del número de Seguro Social, robo de identidad agravado y trabajo forzado. Las siguientes agencias colaboraron con la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en la investigación del caso y en la ejecución de los arrestos realizados hoy: la Administración del Seguro Social, Oficina del Inspector General (SSA-OIG), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), con la colaboración del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Según los documentos judiciales, los acusados:
- Josué A. Marrero-Otero (prófugo)
- Yesenia Marrero-Collazo (arrestada)
- Anthony Marrero-Rosario (arrestado)
- Vivian D. Marrero-Ginés (arrestada)
- José A. Vilorio-Figuereo (arrestado)
conspiraron entre sí y con un sexto acusado (no identificado públicamente ni arrestado) para producir y transferir documentos de identificación, elementos de autenticación y documentos de identificación falsos, incluyendo certificados de nacimiento de Puerto Rico, tarjetas de Seguro Social y licencias de conducir de Puerto Rico, que aparentaban haber sido emitidos por o bajo la autoridad de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que estaban involucrados en el comercio interestatal o lo afectaban, sabiendo que dichos documentos y elementos habían sido robados y producidos sin autoridad legal. Como se indicó anteriormente, el acusado Josué A. Marrero-Otero continúa prófugo de la justicia.
Para ejecutar el esquema fraudulento, el acusado Anthony Marrero-Rosario elaboraba los documentos utilizando información de identificación perteneciente a personas reales y se los proporcionaba a su hermano, Josué A. Marrero-Otero, quien a sabiendas transfería y utilizaba los documentos falsificados para solicitar fraudulentamente préstamos bancarios en el Banco A y el Banco B utilizando identidades robadas. Marrero-Otero y su pareja, Yesenia Marrero-Collazo, obligaban a víctimas vulnerables a solicitar fraudulentamente préstamos bancarios en el Banco A y el Banco B utilizando identidades robadas; y, junto con la acusada Vivian D. Marrero-Ginés, obligaban a víctimas vulnerables a solicitar fraudulentamente líneas de crédito en el Banco C, el Banco D y establecimientos comerciales, utilizando dichas identidades robadas. Los acusados obtuvieron aproximadamente $114,559.49 en dinero y bienes mediante pretextos, declaraciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas.
Josué A. Marrero-Otero y Yesenia Marrero-Collazo enfrentan además un cargo por trabajo forzado. Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2023, estos acusados obligaron a la Víctima-1, mediante amenazas de violencia física, a proporcionar información falsa utilizando documentos de identificación falsos y fraudulentos para obtener crédito comercial y bienes en beneficio de Marrero-Otero y Marrero-Collazo.
El acusado José A. Vilorio-Figuereo participó en la conspiración y, a sabiendas, transfirió por correo documentos de identificación falsos hacia los Estados Unidos continentales.
“El fraude financiero es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los ciudadanos y las empresas estadounidenses. La prevención y el procesamiento de delitos de esta naturaleza seguirán siendo una de las principales prioridades de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos”, declaró el Fiscal Federal de los Estados Unidos, W. Stephen Muldrow. “Los acusados se aprovecharon de víctimas vulnerables y las utilizaron para obtener préstamos y líneas de crédito de manera fraudulenta con el fin de enriquecerse. Entendemos que puede haber más víctimas, por lo que si sospecha que podría ser una de ellas, o conoce a otras víctimas, comuníquese con HSI al (787) 729-6969 o con el FBI al 1-800-CALL-FBI (225-5324).”
“Los arrestos de hoy demuestran el firme compromiso de HSI San Juan de proteger a nuestras comunidades de quienes explotan a las personas más vulnerables para obtener beneficios económicos”, expresó Yariel Ramos, Agente Especial a Cargo Interino de HSI San Juan. “Esta organización criminal no solo robó identidades y defraudó a instituciones financieras, sino que también se aprovechó de personas sin hogar y las coaccionó para que participaran en sus esquemas. Gracias a la excelente colaboración entre nuestros socios federales, estatales y locales, hemos desmantelado una red peligrosa y enviado un mensaje claro de que quienes participen en robo de identidad, fraude documental y trabajo forzado serán investigados agresivamente y llevados ante la justicia.”
“En este caso, personas vulnerables fueron explotadas mediante robo de identidad, fraude y coerción para beneficio personal”, declaró Carlos R. Goris, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. “El FBI mantiene su compromiso de proteger a nuestras comunidades de quienes buscan lucrarse manipulando y victimizando a otros, y continuaremos trabajando junto a nuestros socios de las fuerzas del orden para identificar, investigar y responsabilizar a quienes intentan enriquecerse mediante el fraude y la victimización de miembros vulnerables de nuestras comunidades.”
Los acusados comparecerán hoy por primera vez ante la jueza magistrada federal Mariana Bauzá-Almonte, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. De ser declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión, además de una sentencia obligatoria consecutiva de al menos dos años de prisión por los cargos de robo de identidad agravado. Un juez federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices Federales de Sentencia y otros factores establecidos por la ley.
La Fiscal Federal Auxiliar Especial Vanessa D. Bonano-Rodríguez, de la Administración del Seguro Social, está a cargo de la acusación del caso.
Una acusación formal constituye únicamente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada más allá de duda razonable en un tribunal de justicia.
