SAN JUAN, Puerto Rico – Hoy, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestó a cuatro personas por cargos penales relacionados con la explotación infantil. El 26 de febrero de 2026, un gran jurado federal emitió cuatro acusaciones separadas contra cuatro personas por explotación infantil, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Los acusados arrestados hoy son:
Héctor Rafael Cuadrado Abadía, de 44 años, residente de Caguas, PR
Héctor Luis Olmedo Burgos, de 27 años, residente de Naguabo, PR
Frederick Jesús Pinto Rodríguez, de 23 años, residente de Yabucoa, PR
Daniel Delgado Delgado, de 31 años, residente de Yabucoa, PR
Según documentos judiciales, todos los acusados poseían, recibían y distribuían pornografía infantil a sabiendas mediante sus dispositivos celulares. Los cuatro acusados enfrentan dos cargos cada uno: (1) recepción/distribución de material de explotación infantil y (2) posesión de material de explotación infantil.
“No hay mayor prioridad que proteger a nuestros niños de quienes buscan explotarlos o hacerles daño”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “La Fiscalía Federal se compromete a continuar los esfuerzos conjuntos con nuestros socios estatales, locales y federales para localizar a estos delincuentes y garantizar que sean procesados con todo el rigor de la ley”.
“Esta investigación expuso la inquietante realidad detrás del intercambio de material de abuso sexual infantil: individuos que comparten imágenes explícitas de menores sin remordimientos y revictimizan a esos niños cada vez que circulan”, declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI. “Hoy cerramos ese chat con un mensaje claro: si explotan a nuestros niños, irán a la cárcel”.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a las siguientes penas: (1) recepción y distribución de material de explotación infantil: una pena mínima obligatoria de cinco años y una máxima de 20 años; (2) posesión de material de explotación infantil: una pena máxima de 10 años. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la pena tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La Fiscal Federal Adjunta (AUSA) Elba Gorbea, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo de los casos.
Para más información sobre las iniciativas de HSI para proteger a los niños de los depredadores sexuales, visite iGuardians™: Combatiendo a los Depredadores Infantiles y, para denunciar actividades sospechosas, llame al 787-729-6969.
Para más información sobre las iniciativas de HSI para proteger a los niños del abuso sexual en línea, visite https://www.ice.gov/topics/iGuardians.
Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil, el Proyecto Niñez Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar mejor a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Niñez Segura, visite www.justice.gov/psc.
Una acusación formal es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
