Convocan vista pública para investigar fallas en coordinación interagencial relacionadas con centros de cuido de adultos mayores

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Audiencia buscará esclarecer los recientes incidentes en centros de cuidado de larga duración y fortalecer los mecanismos de protección

El Capitolio – La presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad, y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, la senadora Wandy Soto Tolentino, anunció la celebración de una vista pública el próximo 7 de agosto de 2026, en la que comparecerá la secretaria del Departamento de la Familia junto a otros funcionarios gubernamentales para investigar las recientes situaciones ocurridas en diversos centros de cuidado de larga duración alrededor de la Isla.

La audiencia legislativa tendrá como propósito examinar las actuaciones de las agencias concernidas, identificar posibles deficiencias en la supervisión de estas instituciones, evaluar si los protocolos vigentes son suficientes, conocer qué ha ocurrido con la comunicación y coordinación entre las agencias responsables de atender, investigar y dar seguimiento a querellas y casos pendientes relacionados con la protección de los adultos mayores, y considerar legislación adicional que fortalezca la supervisión de los centros de cuidado.

Como parte de los trabajos preparatorios para la vista pública, la legisladora ha sostenido reuniones con representantes del sector de los centros de cuidado de larga duración para conocer de primera mano la realidad que enfrentan estas instituciones y recoger recomendaciones que permitan fortalecer la política pública. Entre ellas con el presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), Jonathan Morales, con quien dialogó sobre los retos operacionales, regulatorios y administrativos que enfrentan los hogares de cuido, así como la necesidad de mejorar los procesos de fiscalización sin afectar la continuidad de los servicios que reciben los residentes.

“Los acontecimientos de las últimas semanas han generado gran preocupación entre las familias puertorriqueñas. Y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que el Estado cuente con protocolos efectivos, que las agencias trabajen de manera coordinada y que ninguna situación que ponga en riesgo la vida, la salud o la dignidad de un adulto mayor quede sin atender oportunamente. La protección de nuestros adultos mayores no debe incluir improvisaciones ni burocracia. Cuando una agencia falla en comunicar, coordinar o actuar a tiempo, quienes sufren las consecuencias son personas que dependen completamente del Estado y de las instituciones encargadas de velar por su seguridad. Nuestro interés es escuchar a todas las partes para identificar soluciones responsables y efectivas. Es indispensable conocer la realidad que viven tanto las instituciones como las agencias encargadas de regularlas”, expresó la senadora Soto Tolentino.

Durante los pasados años la comisión que preside la Senadora ha impulsado una amplia agenda legislativa dirigida a fortalecer la protección de los adultos mayores y elevar los estándares de calidad en los centros de cuidado de larga duración.

Entre las medidas de su autoría que ya han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa se encuentra el Proyecto del Senado 1071, que tipifica como delito grave la operación clandestina de hogares y establecimientos para adultos mayores sin las licencias y autorizaciones requeridas por ley, fortaleciendo así las herramientas de fiscalización del Estado y protegiendo a una de las poblaciones más vulnerables del país.

Asimismo, promovió la aprobación del Proyecto del Senado 813, que fortalece la Línea Dorada como mecanismo confidencial para denunciar casos de maltrato, negligencia y explotación financiera contra personas de edad avanzada, ampliando la responsabilidad del Departamento de la Familia para atender con mayor agilidad este tipo de querellas.

Entre otra de sus iniciativas se destaca la celebración de una mesa redonda multisectorial sobre la explotación financiera de los adultos mayores, en la que participaron representantes del Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la Asociación de Bancos de Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro y entidades que agrupan instituciones de cuidado prolongado, con el propósito de desarrollar estrategias conjuntas para prevenir este delito.

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