San Juan, Puerto Rico (18 de noviembre de 2026) — La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados del Informe de investigación OC-27-38 (OREC), el cual revela irregularidades en el registro y la aprobación de
asistencia de empleados de la Oficina Regional Educativa de Caguas (OREC) del Departamento de Educación, así como deficiencias significativas en los controles y la supervisión de dichos procesos.
La investigación surgió a raíz de una querella relacionada con los registros de asistencia de dos empleadas de la OREC. Como parte de los trabajos realizados, la Oficina de la Contralora examinó registros electrónicos de asistencia, documentación oficial,
certificaciones, información de viajes, evidencia documental y entrevistas a personal relacionado con los hechos investigados.
Los hallazgos revelaron que una analista de recursos humanos realizó transacciones en la plataforma de asistencia y sometió formularios para justificar ausencias y faltas de ponches físicos mientras se encontraba preparándose para viajar, de viaje o fuera de
Puerto Rico. Según la investigación, los funcionarios responsables no pudieron ofrecer una explicación razonable para esas alteraciones.
La Oficina de la Contralora concluyó que la empleada sometió información falsa para justificar su asistencia mientras se encontraba fuera de Puerto Rico recibiendo aproximadamente $1,450 en pagos de nómina a los que no tenía derecho.
La investigación también examinó las actuaciones de la entonces superintendente de la OREC. La evidencia demostró que autorizó licencias y registros de asistencia sin contar con la documentación requerida para sustentar dichas aprobaciones. Asimismo, aprobó el uso de códigos de pago, incluyendo “regular” y “asunto oficial”, sin evidencia suficiente que justificara las ausencias de ponches físicos o las labores realizadas.
Además, se identificó el caso de una docente destacada administrativamente en la OREC que no registró asistencia mediante ponches físicos en 214 de los 252 días laborables examinados. A pesar de ello, dichos períodos fueron aprobados mediante
registros que reflejaban asistencia o asuntos oficiales sin la documentación correspondiente. La Oficina de la Contralora determinó que las irregularidades identificadas ocasionaron pagos indebidos por aproximadamente $26,762 y limitaron la
capacidad de supervisión y de aplicación de posibles medidas disciplinarias.
Como resultado de la investigación, la Oficina de la Contralora emitió referidos al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Secretario de Educación para que evalúen las acciones que estimen pertinentes dentro de sus
respectivas facultades.
