La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctivaestablecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
