La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Adjuntas no obligó las asignaciones presupuestarias por $949,498 para el pago del 30% de los contratos y el 75% de las enmiendas examinados. Estos contratos se otorgaron para comprar asfalto, reparar vías públicas y estabilizar un talud de terreno. En contravención con el Reglamento Municipal de 2016, el director de Finanzas indicó que obligaba los fondos al recibir la factura y no antes de recibir los materiales o que se rindieran los servicios.
Del 13 de enero de 2021 al 29 de diciembre de 2023, el Municipio otorgó en total 607 contratos y 124 enmiendas por $17,047,941. Esta situación, de no obligar los créditos, impide tener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, sin la autorización del Municipio, los trabajos de regado y compactación de asfalto e instalación de barreras de seguridad en el puente de la carretera 522 del Barrio Garzas, se subcontrataron a dos compañías. El Municipio y el funcionario encargado de las subcontrataciones expresaron desconocer esta situación prohibida en el contrato que el alcalde había formalizado con el contratista el 16 de febrero de 2023 por $128,704.
El Informe devela múltiples deficiencias de control con los comprobantes de desembolso y sus justificantes. Del examen realizado, el 87% de los justificantes de pago de comprobantes, no se marcaron como pagados; en el 29% de los comprobantes, las cotizaciones no establecían nombre, título y firma del funcionario a cargo de aceptarlos; y en el 14% de los comprobantes, las facturas carecían de la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés.
Los desembolsos por $2.9 millones emitidos del 2021 al 2024 correspondían a la adquisición de vehículos, equipos y materiales relacionados con el manejo de la pandemia del COVID-19, entre otros. Esta situación, propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos y hace inoperante los controles internos establecidos.
Sin solicitar el consentimiento de la Legislatura Municipal, el entonces alcalde transó una demanda presentada el 11 de agosto de 2018 ante el Tribunal de Primera Instancia, por el despido de un empleado cuyo contrato transitorio estaba vigente. Todo acuerdo de transacción en acciones judiciales que conlleve algún tipo de desembolso mayor de $25,000 tiene que presentarse a la consideración de la Legislatura Municipal antes de remitirla al foro judicial. Esta situación también afectó los recursos del Municipio ya que tuvo que desembolsar $25,289 sin recibir servicio a cambio.
Al 21 de agosto de 2024, el Municipio no había remitido al secretario de Justicia la información y los documentos requeridos por el Registro de Demandas Civiles de 2003. Esta situación impide que estas demandas estén accesibles a la ciudadanía. La información indica que cinco demandas habían sido resueltas y cuatro demandas están activas con reclamaciones que suman $1.6 millones.
La auditoría comenta que el alcalde mantiene un plan de pago con un balance adeudado por $14,223 con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta Oficina le imputó una multa administrativa por $16,000 en el 2023 por otorgar dos contratos y dos enmiendas a compañía de pariente del director de la Oficina de Obras Públicas del Municipio, sin haber obtenido la dispensa requerida por la OEG.
Al 22 de julio de 2024 estaban pendiente de resolución por los tribunales cuatro demandas civiles por $950,000 por despido, y por daños y perjuicios.
El presupuesto de Adjuntas ascendió de $5.8 millones en el 2021, a $6.8 millones en el 2022, a $7.4 millones en el 2023 y a $7.5 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Adjuntas, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
