San Juan, Puerto Rico, (20 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó los resultados del Informe de Auditoría OC-26-19, correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA), el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones examinadas se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos relevantes relacionados con compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con requerimientos de informes y certificaciones.
La Contralora explicó que la auditoría evaluó el uso de fondos públicos, incluyendo subvenciones federales, asignaciones legislativas y aportaciones municipales, así como la efectividad de los controles internos y el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables a una corporación especial municipal. Indicó que los resultados evidencian deficiencias en áreas claves de administración, documentación y supervisión que requieren acciones correctivas.
En cuanto al primer hallazgo, la auditoría identificó deficiencias en los procesos de compras realizadas con una asignación legislativa de $50,000 otorgada en diciembre de 2022 para el desarrollo de un centro comunitario en la Isleta de San Juan. Se determinó que, de siete pagos realizados por un total de $33,812 entre mayo y junio de 2023, se efectuaron seis pagos por $30,378 sin obtener las dos cotizaciones requeridas para todos los artículos adquiridos. Además, en tres pagos por $14,174 no se suministraron las facturas correspondientes, encontrándose únicamente cotizaciones en los expedientes. Estas deficiencias limitaron la libre competencia entre proveedores y afectaron la integridad de la documentación requerida para fines de fiscalización y rendición de cuentas.
El informe atribuye estas deficiencias a la falta de personal, incluyendo la vacante del puesto de oficial de compras durante el periodo auditado, y a desviaciones de las disposiciones reglamentarias por parte de la gerencia ejecutiva. En sus comentarios, el Municipio de San Juan sostuvo que no forma parte de la gerencia de CODEVISA ni tiene control sobre el uso de los fondos legislativos. Por su parte, el vicepresidente de la Junta y el director ejecutivo indicaron que se documentaron las gestiones y que las facturas estaban disponibles. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, al evidenciarse la ausencia de cotizaciones requeridas y documentación completa en los expedientes.
En el segundo hallazgo, se determinó que CODEVISA incumplió con los términos establecidos para la contratación de auditorías externas de sus estados financieros para los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Al 30 de junio de 2024, existían atrasos de hasta 456 días en la contratación de estos servicios, lo que provocó que la entidad no contara con información financiera oportuna y actualizada para la toma de decisiones y pudiera afectar la asignación de fondos públicos.
Entre las causas de esta situación se encuentran cambios en la Junta de Directores, dificultades para obtener propuestas de auditores externos y el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables. El Municipio reiteró que no tiene control sobre los procesos internos de la corporación, mientras que la gerencia de CODEVISA reconoció el atraso e indicó que ya se han completado algunos estados financieros y se ha contratado servicios de auditoría para años posteriores. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece.
El tercer hallazgo refleja incumplimientos significativos con la Ley de Auditoría a Entidades Gubernamentales de 2003 y otras disposiciones relacionadas con la rendición de informes. La auditoría determinó que CODEVISA no remitió las certificaciones anuales requeridas a la Oficina del Contralor para los años fiscales del 2015-16 al 2023-24. Asimismo, no se enviaron 15 informes mensuales de nómina y puestos correspondientes al periodo de febrero de 2023 a abril de 2024, con atrasos de hasta 458 días,
y se remitieron 67 informes con tardanzas que fluctuaron entre 5 y 467 días.
Estas deficiencias limitaron la disponibilidad de información actualizada para la ciudadanía, el Gobierno y los procesos de fiscalización.
En sus comentarios, la gerencia de CODEVISA argumentó que, como corporación sin fines de lucro independiente, no le aplicaban ciertos requisitos de informes. No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, al establecer que toda entidad que recibe fondos públicos en exceso de $200,000 está obligada a cumplir con dichos requerimientos legales, independientemente de su naturaleza jurídica.
Entre las principales recomendaciones se incluyen asegurar el cumplimiento del plan de acción correctiva, fortalecer los procesos de compras mediante la obtención de cotizaciones requeridas, mantener expedientes completos con la documentación fiscal correspondiente, cumplir con la contratación oportuna de auditorías externas y designar un oficial de enlace responsable de someter las certificaciones e informes requeridos por ley en los términos establecidos.
Es indispensable que todas las entidades que manejan recursos públicos cumplan cabalmente con sus responsabilidades legales y administrativas, sin excepción”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
