Enjuiciamientos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) (del 5 al 9 de octubre de 2026)
SAN JUAN, Puerto Rico – La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, a través de Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino, en colaboración con las agencias asociadas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), anuncia los siguientes resultados de enjuiciamiento correspondientes a la semana del 5 al 9 de octubre de 2026. El HSTF es un grupo de trabajo interinstitucional permanente de las fuerzas del orden, creado por orden ejecutiva para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles, las redes de tráfico ilícito y las organizaciones terroristas extranjeras.
Condenas mediante declaraciones de culpabilidad:
El 6 de octubre de 2026, Gregory Vega-De Jesús se declaró culpable del delito de transporte de extranjeros indocumentados, en el caso penal 26-317 (MAJ). Según la acusación formal, el acusado fue imputado por conspirar para introducir extranjeros indocumentados en los Estados Unidos con fines de lucro, ayudar y facilitar la entrada de un delincuente con antecedentes graves (*aggravated felon*) en los Estados Unidos, y transportar a extranjeros indocumentados dentro del territorio estadounidense. El acusado fue arrestado el 22 de julio de 2026. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 21 de enero de 2027. El Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) Steven Liong-Rodríguez está a cargo del procesamiento del caso.
El 8 de octubre de 2026, Roberto Crispín Padilla se declaró culpable del primer cargo en el caso penal número 25-272 (SCC). Según la acusación formal, el acusado fue imputado por conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas y por posesión de armas de fuego en relación con el narcotráfico. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 20 de enero de 2027. Los Fiscales Federales Auxiliares (AUSA) Laura Díaz-González y Andrés Orr están a cargo del procesamiento del caso. El 8 de octubre de 2026, Ángel Luis Álvarez Torres se declaró culpable de los cargos uno y siete en la causa penal número 25-272 (SCC). Según la acusación formal, el acusado fue imputado por conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas y por posesión de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 20 de enero de 2027. Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Laura Díaz-González y Andrés Orr están a cargo de la acusación en este caso.
Sentencias:
El 5 de octubre de 2026, Eli Y. Couvertier-Pollock, alias “Tata/Maike/Maike Casiano”, fue condenado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Camille Vélez-Rivé, a quince (15) años de prisión, seguidos de diez (10) años de libertad supervisada, por su participación en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde varios complejos de vivienda pública en las áreas de Carolina y San Juan, principalmente el complejo de vivienda pública Sabana Abajo. Según los documentos judiciales, el acusado fue imputado formalmente el 5 de diciembre de 2024 en la causa penal 24-453 (MAJ) y se declaró culpable el 16 de junio de 2026. Los fiscales federales adjuntos Laura Díaz González y Joseph Russell están a cargo de la acusación en este caso.
El 6 de octubre de 2026, Alejandro Veliz fue condenado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl Arias Marxuach, a 24 meses de prisión y 4 años de libertad supervisada por conspirar para poseer con intención de distribuir, y por distribuir, más de cinco gramos de metanfetamina. Según los documentos judiciales, el acusado fue imputado formalmente el 24 de abril de 2026 en la causa penal 25-203 (RAM) y se declaró culpable el 9 de diciembre de 2025. La fiscal federal adjunta Camille García Jiménez estuvo a cargo de la acusación en este caso.
El 7 de octubre de 2026, Joshua E. Bula-Cartagena, alias “Inquilino” o “El Corista”, fue sentenciado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, María Antiongiorgi-Jordán, a diez (10) años de prisión seguidos de ocho (8) años de libertad supervisada por su participación en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde varios complejos de vivienda pública en las áreas de Carolina y San Juan, principalmente el complejo de vivienda pública Sabana Abajo. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 5 de diciembre de 2024 en la causa penal 24-453 (MAJ) y se declaró culpable el 9 de julio de 2026. Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Laura Díaz González y Joseph Russell están a cargo de la acusación en el caso.
El 8 de octubre de 2026, Ángel M. Franqui-González, alias “Blanquito”, fue sentenciado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, María Antiongiorgi-Jordán, a seis (6) años de prisión seguidos de seis (6) años de libertad supervisada por su participación en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde varios complejos de vivienda pública en las áreas de Carolina y San Juan, principalmente el complejo de vivienda pública Sabana Abajo. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 5 de diciembre de 2024 en la causa penal 24-453 (MAJ) y se declaró culpable el 11 de junio de 2026. Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Laura Díaz González y Joseph Russell están a cargo de la acusación en el caso.
El 9 de octubre de 2026, Melvis Marcano González fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro Delgado, a 70 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada por conspirar para poseer, con intención de distribuir, 225 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 12 de abril de 2022 en la causa penal 21-317 (PAD) y se declaró culpable el 14 de julio de 2026. La fiscal federal adjunta Camille García Jiménez estuvo a cargo de la acusación en el caso.
Estos procesos judiciales forman parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El HSTF es una alianza gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el peso de las fuerzas del orden de los Estados Unidos a identificar, investigar y procesar la gama completa de delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Asimismo, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros delincuentes más violentos.
El HSTF de San Juan está integrado por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales asociadas: FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., DEA, ATF, IRS, la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., el Departamento de Estado y el Servicio Secreto de los EE. UU. HIDTA de las Islas Vírgenes, TSA, FAA y las Fiscalías Federales para los Distritos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
La HSTF también cuenta con las siguientes agencias asociadas del orden público a nivel estatal y local: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; el Programa Antinarcóticos de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
