SAN JUAN, Puerto Rico – El 28 de julio de 2026, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado, condenó a Luis Rolando Rivera Cruz a 264 meses (22 años) de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada, por explotación infantil. Rivera Cruz fue acusado el 16 de enero de 2025, arrestado el 29 de enero de 2025 y se declaró culpable el 16 de diciembre de 2025.
Según documentos judiciales, entre mayo y julio de 2024, Luis Rolando Rivera Cruz, de 54 años, utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería instantánea por internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a una menor de 14 años a participar en actividades sexuales. Además, el acusado le envió material obsceno a la menor.
“La explotación infantil es un crimen atroz que inflige un daño profundo y duradero. La Fiscalía de los Estados Unidos, junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, mantiene su firme compromiso de proteger a los más vulnerables y garantizar que quienes se aprovechan de menores sean llevados ante la justicia. Continuaremos persiguiendo a estos delincuentes con un compromiso inquebrantable y los haremos plenamente responsables ante la ley”, declaró Héctor Ramírez Carbó, Fiscal Federal Interino del Distrito de Puerto Rico.
“La explotación infantil no se limita a la producción de imágenes. Esta sentencia de 264 meses refleja la gravedad de estos crímenes y envía un mensaje claro: cuando un depredador comienza a engañar, manipular o seducir a un menor a través de las redes sociales o plataformas digitales, ya está cometiendo un delito extremadamente grave. HSI San Juan se mantiene vigilante e implacable en la identificación, investigación y enjuiciamiento de quienes buscan explotar a menores. Nuestra prioridad es proteger a los menores y hacer que estos depredadores rindan cuentas por sus acciones”, afirmó Yariel Ramos, Agente Especial Interino a Cargo de HSI San Juan.
El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investigó el caso.
La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación e Inmigración, llevó el caso.
Este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar mejor a las personas que explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite www.justice.gov/psc.
