CAGUAS, Puerto Rico — El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, anunció hoy que coaspucio el Rebuild America’s Schools Act of 2026, legislación que invertiría más de $130 mil millones para mejorar la infraestructura física y digital de las escuelas públicas, con fondos dirigidos principalmente a escuelas de alta pobreza con instalaciones que presentan riesgos de salud y seguridad para estudiantes.
El proyecto, presentado por el congresista Bobby Scott (D-Virginia), propone una inversión federal significativa para financiar la reparación, reconstrucción y modernización de planteles escolares, incluyendo mejoras en ventilación, agua potable, eficiencia energética y resiliencia ante desastres naturales. Puerto Rico estaría incluido entre las jurisdicciones elegibles para beneficiarse de estos fondos.
“Tenemos que enfocarnos en asuntos importantes y apremiantes. Demasiados estudiantes en Puerto Rico siguen esperando por la reconstrucción de sus escuelas años después del huracán María. No podemos permitir que una generación entera continúe estudiando en instalaciones temporales o inadecuadas. Esta legislación busca asegurar la inversión que nuestras escuelas necesitan con urgencia”, expresó el Comisionado Residente.
TRANSFONDO
En Puerto Rico, segúnreportes periodísticos, se estima que más de 34,000 estudiantes aún toman clases fuera de sus escuelas porque fueron dañadas por los huracanes Irma y María en 2017, todavía no han sido reconstruidas. Aunque casi $2.1 mil millones en fondos federales de recuperación han sido obligados para el Departamento de Educación de Puerto Rico, la reconstrucción de muchas escuelas todavía no ha comenzado, obligando a estudiantes y maestros a continuar en instalaciones temporales o compartidas.
El Rebuild America’s Schools Act propone invertir $100 mil millones en subvenciones y $30 mil millones en autoridad de bonos dirigidos principalmente a escuelas de alta pobreza con instalaciones que representan riesgos de salud y seguridad para estudiantes y personal. Además, la legislación podría crear más de 2 millones de empleos, según un análisis del Economic Policy Institute que estima que cada mil millones de dólares invertidos en construcción genera cerca de 17,785 empleos.
El proyecto también requeriría que los estados, incluyendo a Puerto Rico, que desarrollen bases de datos públicas sobre la condición de las instalaciones escolares, algo que hoy la mayoría de los estados y Puerto Rico no mantiene, lo que ayudaría a identificar necesidades de infraestructura y mejorar la planificación de inversiones. Asimismo, el proyecto incluye disposiciones para fortalecer la infraestructura digital en las escuelas públicas, incluyendo mejoras en banda ancha y conectividad Wi-Fi para apoyar el aprendizaje moderno.
