El proyecto responde a una política que requiere aprobación para desembolsos mayores de $100,000.
SAN JUAN, Puerto Rico — El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, presentó el proyecto, H.R. 7829 – El Disaster Aid Without Delay Act of 2026, para revocar una política impuesta por Kristi Noem que requiere la aprobación de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para desembolsos de asistencia por desastres que excedan los $100,000, lo que retrasa ayuda crítica para las comunidades tras desastres.
El Comisionado Residente Hernández presentó la legislación durante una conferencia de prensa hoy, advirtiendo que la política ha ralentizado los esfuerzos de recuperación tras desastres en Puerto Rico y en otras comunidades afectadas.
“Esta política impuesta por Kristi Noem ha creado retrasos innecesarios cuando Puerto Rico está tratando de reconstruir. A pesar de que Donald Trump la despidió, el Congreso debe asegurarse de que ningúna secretaria en el futuro pueda imponer barreras burocráticas para retrasar la ayuda por desastres ni tratar a las comunidades de manera diferente. Mi proyecto deja claro que cuando ocurre un desastre, la ayuda federal debe llegar a nuestras comunidades rápidamente y sin retrasos”, expresó el Comisionado Residente.
El Disaster Aid Without Delay Act of 2026 responde a una política que requiere la aprobación de la Secretaría de DHS para obligaciones o desembolsos de asistencia por desastres de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) que superaran los $100,000. Desde su implementación, esta política ha retrasado la adjudicación de subvenciones, contratos y otros fondos de asistencia por desastres de FEMA para Puerto Rico tras el huracán María, los terremotos de 2019-20 y el huracán Fiona.
Aunque la política fue emitida por Kristi Noem, quien fue despedida ayer por el presidente Trump, esta política sigue siendo motivo de preocupación porque podría ser utilizada por futuros secretarías de DHS para continuar retrasando y politizando la ayuda por desastres. Este proyecto de ley busca garantizar que FEMA pueda desembolsar asistencia por desastres con rapidez, según los fondos debidamente asignados por el Congreso.
Este proyecto cuenta con el copatrocinio de 12 miembros, incluyendo al miembro de mayor rango del Subcomité de Manejo de Emergencias y Tecnología, Tim Kennedy (NY-26), junto a los representantes Greg Stanton (AZ-04), Debbie Wasserman Schultz (FL-25), Darren Soto (FL-09), Frederica S. Wilson (FL-24), Nydia M. Velázquez (NY-07), Ritchie Torres (NY-15), Nellie Pou (NJ-09), Al Green (TX-09), Jim Costa (CA-21) y Joyce Beatty (OH-03).
“Las familias que enfrentan desastres nunca deberían tener que esperar por asistencia crítica debido a mala administración o incompetencia administrativa en el DHS,” dijo el representante Tim Kennedy (NY-26), miembro de mayor rango del Subcomité de Manejo de Emergencias y Tecnología. “La misión de FEMA es brindar ayuda cuando los estadounidenses más la necesitan. La política de aprobación de $100,000 impuesta bajo la exsecretaria Noem ralentizó una respuesta crítica y creó disfunción innecesaria en una agencia de la que las comunidades dependen en sus momentos más difíciles. Felicito al comisionado residente Hernández por impulsar legislación que restablece el sentido común y la eficiencia en FEMA, asegurando que la asistencia por desastres pueda fluir rápidamente y que ningún secretario en el futuro pueda volver a sumir a FEMA en este tipo de desorden.”
Varios proyectos de reconstrucción en Puerto Rico experimentaron retrasos significativos debido a la política de aprobación de la secretaria Noem, luego de que fondos de FEMA que ya habían sido aprobados se demoraran por períodos prolongados antes de ser finalmente desembolsados. Uno de estos casos es un proyecto financiado por FEMA de más de $120 millones para reubicar y reconstruir el cementerio municipal en Lares, Puerto Rico, que busca trasladar el histórico cementerio del pueblo después de que deslizamientos de terreno e inundaciones dejaran el lugar original inseguro tras huracanes recientes. De igual forma, el proyecto de reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Bezares en el Municipio de Caguas, con una inversión de más de $20 millones, también enfrentó retrasos bajo este mismo requisito de aprobación federal adicional antes de que los fondos pudieran ser liberados.
“En Caguas estamos trabajando para reconstruir el Coliseo Héctor Solá Bezares, una instalación deportiva y cultural vital para nuestra ciudad que fue severamente afectada por el huracán María. Proyectos como este dependen de que los fondos federales aprobados puedan desembolsarse sin retrasos innecesarios. El proyecto presentado por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, que busca garantizar que la ayuda por desastres llegue con agilidad a nuestras comunidades, permitirá que en Caguas podamos avanzar con la reconstrucción y continuar sirviendo a nuestra gente”, expresó el alcalde de Caguas, William E. Miranda Torres.
“La millonaria asignación presupuestaria, de fondos a través de FEMA, para la construcción de un nuevo cementerio en Lares es urgente y necesaria. Agradezco o al comisionado residente Pablo José Hernández por su colaboración en brindar la atención a esta situación que aqueja a cientos de familias lareñas. Mi llamado a los congresistas a aprobar esta legislación.” dijo el Alcalde Fabián Arroyo Rodríguez del Municipio de Lares.
Otro ejemplo es el proyecto del puente Magos–Calabazas en la carretera 438 en el municipio de San Sebastián, una obra de infraestructura crítica vinculada a la recuperación tras el huracán María, donde casi $5 millones en fondos de FEMA se retrasaron antes de ser finalmente desembolsados. Estos casos ilustran cómo los cuellos de botella burocráticos pueden retrasar los esfuerzos de recuperación de municipios que dependen de una asistencia federal oportuna tras desastres.
“Desde que inicié mi gestión como alcalde de San Sebastián ofrezco seguimiento continuo a las agencias correspondientes y a FEMA para recibir los fondos necesarios para la reconstrucción de obras en el pueblo. La legislación radicada por el comisionado residente contribuye a minimizar el tiempo de desembolso de los fondos y a que los municipios cuenten con el dinero necesario para la realización de las obras”. Dijo el Alcalde de San Sebastián Eladio “Layito” Cardon

