(El Capitolio) — La Comisión de lo Jurídico, que preside la senadora Roxanna I. Soto Aguilú, celebró una vista pública en la que participaron el Departamento de la Familia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), con el propósito de discutir el Proyecto del Senado 136.
Esta medida busca “evitar exponer a menores de edad víctimas de agresión sexual a la rigurosidad de los procesos judiciales” mediante una enmienda a la Regla 131.1 de las de Procedimiento Criminal, para eliminar la celebración de una Vista de Necesidad cuando la víctima que debe testificar en una Vista Preliminar sea un menor de edad.
El proyecto, presentado por la portavoz alterna del Partido Popular Democrático (PPD), Marially González Huertas y la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, propone la creación de la “Ley de Entrevista Forense Grabada”, que establecería como política pública del Gobierno de Puerto Rico el uso de entrevistas forenses grabadas durante las etapas investigativas y preliminares al juicio, en casos de alegaciones de maltrato o abuso sexual contra menores con el objetivo de evitar la revictimización.
Además, la medida pretende establecer “un mecanismo para preservar el testimonio de las y los menores de edad que aleguen ser víctimas de estos delitos, con el propósito de evitar exponer en múltiples ocasiones a un menor de edad a testificar sobre los mismos hechos o eventos…”, según cita el proyecto.
“Realmente este proyecto de ley lo que busca, o afecta, hasta cierto punto es el debido proceso de ley en su carácter procesal, no sustantivo… procesalmente, existen a nivel estatutario, desde las Reglas de Evidencia, que es el derecho probatorio que nosotros tenemos que es por disposición de ley, las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, me parece que la acción a este proyecto es la indignación que tenemos en Puerto Rico de que existan tantos casos de conocimiento noticioso sobre maltrato de niños o personas con algún tipo de impedimento y de qué forma se le pueden acelerar los procesos para hacerle justicia a la gente”, expresó Soto Aguilú.
Por su parte, Wilma Ortiz Rivera, administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), adscrita al Departamento de la Familia, destacó que “en Puerto Rico contamos con varias salvaguardas legales en beneficio de menores que son objeto de abuso sexual”, como la Ley Núm. 158-2013, según enmendada, conocida como la Ley Habilitadora de los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención, o “Ley de los Centros PITI”. Esta ley busca atender las necesidades de servicios interdisciplinarios especializados para niños y niñas víctimas de abuso sexual. Además, establece como política pública el desarrollo de centros de servicios integrados, con el objetivo de lograr una coordinación eficaz en las investigaciones interagenciales sobre las alegaciones de abuso sexual contra menores.
El Departamento de la Familia sostuvo que lo propuesto en el P. del S. 136 podría implementarse a través de las entrevistas que se realizan en los Centros PITI. En este contexto, la portavoz alterna del PPD solicitó un récord de cuántas entrevistas forenses realizadas en dichos centros han podido ser utilizadas en los tribunales. La Comisión concedió al Departamento de la Familia un plazo de cinco días laborables para entregar, mediante memorando explicativo, la cantidad de los 1,329 referidos que han hecho a los Centros PITI, categorizados por región judicial, según indicó la presidenta de la Comisión, Soto Aguilú.
Por su parte, Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia de la SAL, expresó que la entidad se opone al proyecto, ya que “contraviene derechos de arraigo constitucional, como el derecho a la confrontación”. Según su ponencia, el Proyecto del Senado 136 “pretende sustituir el testimonio de un testigo menor de edad, persona adulta que padezca de alguna incapacidad mental o adulto víctima de un delito de naturaleza sexual en etapas preliminares al juicio”. Además, argumentan que “tal pretensión no supera un análisis constitucional, al amparo de la normativa estatal y federal en torno al derecho a la confrontación con los testigos de cargo”.
El senador Ángel Toledo López, expresó que respeta la intención de sus compañeras al radicar el proyecto; sin embargo, opinó que “aunque estamos buscando salvaguardar la integridad moral, física y espiritual de un menor, de un adulto mayor o de una persona con diversidad funcional, en un balance de intereses hay que sopesar los derechos que tiene ese acusado de que la prueba se desfile, de que encare a ese testigo y de presentar prueba a su favor”. Añadió que, a su juicio, “la entrevista grabada no solamente violenta el requisito constitucional de carearse con los testigos, sino que también podría presentar dificultades con la prueba de referencia, ya que se trata de una declaración que hace el declarante fuera del tribunal, sin oportunidad alguna de ser contrainterrogado”.
El NPPR, por su parte, indicó que su normativa establece que “el agente especializado llevará a cabo una serie de pasos, entre los cuales resaltamos el siguiente: entrevistará al miembro del NPPR, trabajador social o cualquier profesional que haya intervenido anteriormente con la persona perjudicada o que haya referido la querella. El propósito de esto es no repetir las preguntas y evitar la revictimización”, según consta en su ponencia.
Ante una pregunta realizada por González Huertas, la teniente Simara Torres explicó que entre la radicación de una querella y el proceso de vista de juicio pueden transcurrir hasta siete años, “dependiendo de la edad del menor que es víctima de estos delitos de abuso sexual”. Indicó que esto se debe, en muchos casos, a que “comúnmente el agresor es una persona que pertenece al núcleo familiar del menor y que tiene control y poder sobre él”. Añadió que el menor debe ser preparado psicológicamente para afrontar a su agresor en el tribunal y señaló que ha atendido casos en los que la víctima “no quiere declarar cara a cara ante su agresor”.
