Hacienda explicó que recaudos vinculados antes a la ACT y AFI ahora forman parte de los ingresos recurrentes del Fondo General
(El Capitolio, PR) —La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa del Senado, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró la primera vista pública sobre la Resolución del Senado 461, de la autoría del senador Wilmer Reyes Berríos, para investigar el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados conocido como la “crudita”, el impacto económico y relación con las obligaciones fiscales del Gobierno.
Al inicio de la audiencia Padilla expresó que “el objetivo de esta resolución es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las decisiones gubernamentales estén fundamentadas en datos confiables, análisis objetivos y en las mejores prácticas de administración fiscal. Destacamos la necesidad de evaluar de manera responsable y transparente el impacto de las políticas y programas vinculados a esta iniciativa… Queremos saber qué pasó con la crudita”.
Comparecieron a deponer Yoadis Rodríguez Berríos, Rafael Cruz y José Villanueva en representación del Departamento de Hacienda. Rodríguez mencionó que “cualquier modificación debe evaluarse considerando sus efectos sobre los ingresos del Fondo General, los consumidores y el cumplimiento del marco fiscal y presupuestario”. Además, la deponente destacó que la investigación debe distinguir entre el origen histórico del arbitrio, el destino actual de sus recaudos y las obligaciones financieras modificadas durante la reestructuración de la deuda.
Asimismo, Rodríguez explicó que “los recaudos vinculados históricamente a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) actualmente forman parte de los ingresos recurrentes del Fondo General y contribuyen a financiar servicios esenciales”. Precisó que la reestructuración de esas obligaciones no eliminó las disposiciones contributivas que imponen el arbitrio. Además, informó que la partida de “Productos del Petróleo” reflejaba aproximadamente $466.7 millones para el año fiscal 2026, pero aclaró que esa cantidad incluye otros recaudos de gasolina y gas o diésel, por lo que no debe utilizarse como estimado exclusivo del impacto de eliminar la “crudita”.
Sobre el efecto en el bolsillo del consumidor, la deponente señaló que la carga de $15.50 por barril equivale matemáticamente a unos 36.9 centavos por galón para los productos sujetos a todos sus componentes, pero advirtió que eliminarla no garantiza una reducción automática de esa magnitud en el precio final. Explicó que el ahorro “dependería de las condiciones del mercado, los costos de transporte y distribución y cuánto de la reducción se traslade al consumidor”. Por ello, recomendó evaluar conjuntamente el posible alivio económico y las alternativas para atender la pérdida de ingresos gubernamentales, y reiteró su disponibilidad para colaborar con la Comisión.
A preguntas del senador Reyes, el deponente Cruz aclaró que los $466.7 millones consignados en su ponencia corresponden a ingresos netos al Fondo General reportados al cierre del año fiscal 2026, y no a una proyección. Explicó que la cifra proviene de los sistemas contables e incluye recaudos por productos del petróleo, gasolina y diésel, por lo que no representa exclusivamente la “crudita”.
De la misma forma, dijeron presentes el licenciado Enrique Guzmán Matos y el licenciado Julio Colón Rodríguez de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Guzmán sostuvo que “bajo el marco vigente, el arbitrio base y la crudita ya no debe analizarse únicamente como una fuente de ingresos asociados a la ACT o infraestructura vial”. El deponente explicó que desde el año 2024, se utilizan para sostener el presupuesto general de Gobierno de Puerto Rico y la presentación de servicios esenciales sin que exista una segregación presupuestaria que permita trazar cada dólar recaudado por este concepto. En la actualidad el uso del fondo se concentra en financiar obligaciones generales del gobierno como por ejemplo la educación, seguridad pública, salud, pensiones, servicios gubernamentales entre otras partidas.
También, Guzmán detalló que “los ingresos por este arbitrio base y crudita representan un promedio de 4.07% del Fondo General para los años fiscales 2024 y 2025”. Por otra parte, explicó que la eliminación del arbitrio de $6.25 por barril representaría aproximadamente $679 millones; y la eliminación del arbitrio base de $3.00 por galón sobre productos de petróleo representaría un aproximado de $368 millones. La JSAF estimó un impacto total de $345 millones para el año fiscal 2027.
A preguntas del senador Reyes, el deponente precisó que los ingresos por el arbitrio base y la “crudita” representaron, en promedio, el 4.09 % del Fondo General durante los años fiscales 2024 y 2025, con recaudos de $590 millones y $558 millones, respectivamente. El senador planteó si podrían identificarse mayores ahorros en la contratación gubernamental para compensar una posible reducción del arbitrio y citó una disminución de $447 millones en gastos de contratos. En respuesta, la AAFAF señaló que “siempre pueden realizarse ajustes continuamos buscando mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
A su vez, Guzmán precisó que el Plan Fiscal del Gobierno Central proyecta recaudos de $507 millones anuales para los años fiscales 2027 y 2028 en la partida consolidada discutida durante la vista. Indicó que la información aparece en la página 49, sección 2.3.1, específicamente en el Exhibit 26, como parte de las proyecciones de ingresos del Gobierno.
“Yo no vengo aquí para seguir diciendo no se puede. Nosotros somos el gobierno, siempre le hemos bajado las contribuciones a nuestra gente y ya lo logramos quitando el impuesto al inventario a los medicamentos. Esto yo creo que es posible si lo seguimos mirando. Claro, esto no puede ser de la noche a la mañana, pero hay que mirarlo poco a poco hasta lograrlo”, expresó Reyes, al proponer que se evalúen los ahorros en la contratación gubernamental como una alternativa para viabilizar un alivio contributivo relacionado con la “crudita”.
Padilla cuestionó sobre la importancia del arbitrio al petróleo dentro del Plan Fiscal certificado. Guzmán explicó que estos recaudos forman parte de los ingresos del Fondo General contemplados en las proyecciones fiscales del Gobierno. Igualmente, la senadora preguntó sobre la flexibilidad para modificar el arbitrio al petróleo. En respuesta, el deponente explicó que cualquier cambio debe cumplir con el principio de neutralidad fiscal y que podrían evaluarse modificaciones si se compensa su efecto sobre los ingresos del Fondo General.
Igualmente, participaron de la audiencia la licenciada Carmen Guillén y Osvaldo Guzmán López en representación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Ante la comisión Guillén mencionó que “cualquier legislación que surja de esta investigación deberá estar acompañada de un análisis detallado de sus efectos sobre los recaudos, las obligaciones financieras existentes y su compatibilidad con los planes fiscales certificados y la ley federal PROMESA”. A preguntas de Reyes, la deponente advirtió que reducir o eliminar la “crudita” no necesariamente se traduciría en una baja en el precio de la gasolina. Por ello, planteó que cualquier proyecto de ley dirigido a modificar el arbitrio debe considerar mecanismos para que el alivio llegue al consumidor final y no se limite a beneficiar a los distribuidores u otros participantes de la cadena de suministro. La agencia indicó que ese análisis podría realizarse al evaluarse una propuesta legislativa concreta.
