(El Capitolio) — La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, que lidera el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, celebró una vista pública para evaluar una medida que busca mantener vigentes para los incentivos locales las Zonas de Oportunidad designadas en 2018, ante los cambios que aprobó el Gobierno federal al programa.
El Proyecto del Senado 1514, de la autoría del presidente senatorial, enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para que las designaciones publicadas por el Departamento del Tesoro federal el 9 de julio de 2018, mediante el Aviso 2018-48, sigan vigentes para fines de los incentivos locales, independientemente de cualquier cambio posterior en la legislación federal. Según la Exposición de Motivos, esas designaciones abarcan cerca del 98% del territorio de Puerto Rico.
“Este proyecto no propone ignorar las disposiciones federales. Este proyecto no propone ignorar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Este proyecto lo que propone es que programas o políticas públicas que ayudan al desarrollo económico de Puerto Rico se mantengan y crezcan”, afirmó Rivera Schatz. El presidente del Senado continuó explicando que el objetivo es proteger las designaciones vigentes y ajustar las definiciones de zona elegible, zona de oportunidad y fondo para evitar contradicciones en la política pública y dar continuidad al programa.
La medida responde a la Ley Pública 119-21, conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada el 4 de julio de 2025. Esa ley estableció rondas de designación cada diez años, la primera a partir del 1 de enero de 2027, y limitó a Puerto Rico a designar hasta el 25% de sus sectores censales elegibles.
El proyecto también redefine el término “Fondo” para que su cualificación dependa de los requisitos del Código y de los parámetros del DDEC, y no de la certificación federal. Entre otros requisitos, el Fondo tendrá que mantener el 90% de sus activos en propiedades ubicadas en Zonas de Oportunidad. Además, añade a la política pública favorecer proyectos de vivienda asequible para la clase media trabajadora y los jóvenes profesionales.
Entre los incentivos locales que se preservarían están una tasa preferencial de 18.5% en la contribución sobre ingresos y un crédito contributivo transferible de entre 5% y 25% sobre la inversión elegible.
El asesor legal general del DDEC, licenciado Daniel Vélez Cabrera, reconoció la importancia de dar estabilidad a las inversiones y presentó recomendaciones para la medida. Entre ellas, propuso usar como base las nuevas designaciones federales, conocidas como Zonas de Oportunidad 2.0, y permitir que el Gobierno de Puerto Rico añada áreas de interés estratégico.
También, planteó que mantener de forma indefinida la cobertura de 2018 podría diluir el efecto de los incentivos, y que esos mapas responden a delimitaciones censales que pudieron cambiar con el Censo de 2020. Como ejemplo, mencionó que Roosevelt Roads, en Ceiba, no cualificó en 2018 por falta de datos censales, pero el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) la identificó como elegible bajo las nuevas reglas federales.
El licenciado Vélez Cabrera recomendó, además, precisar qué entidad certificará y fiscalizará los fondos, fijar criterios mínimos para los proyectos prioritarios de vivienda, como cantidad de unidades, límites de precio y niveles de ingreso, y establecer reglas claras de reinversión.
Durante su intercambio con el DDEC, Rivera Schatz invitó a la agencia a presentar lenguaje concreto para la medida. “Si como parte del texto legislativo ustedes tienen una sugerencia adicional específica para que no haya choque, pues que la traigan, pero no la escucho ni la veo en la ponencia”, señaló.
El licenciado Vélez Cabrera respondió que el DDEC recomienda que esos asuntos se aclaren en la propia ley y no solo mediante reglamentación.
Por la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) compareció la licenciada Karen Cruz. La corporación reconoció el valor de las Zonas de Oportunidad para atraer inversión y facilitar proyectos de vivienda asequible, y recomendó que la medida se evalúe a la luz del marco federal vigente y sus criterios de elegibilidad. PRIDCO dio deferencia a las recomendaciones del DDEC, como agencia a cargo de implementar el Código de Incentivos.
En representación del Departamento de Hacienda, el licenciado Amilcar Cruz consideró razonable que los cambios federales no afecten de forma automática los incentivos locales. Recomendó aclarar en la ley que la continuidad de las zonas originales aplica solo a los incentivos locales y no extiende los beneficios federales.
El representante de Hacienda explicó que el proyecto no crea tasas nuevas ni aumenta los créditos disponibles, pero permitiría que ciertos fondos y negocios conserven beneficios, como la tasa preferencial de 18.5%, aunque dejen de cualificar bajo las reglas federales. Para ilustrar el posible efecto en los recaudos, presentó un ejemplo: un negocio con ingreso neto de $1 millón pagaría $300,000 a una tasa efectiva de 30%, frente a $185,000 con la tasa preferencial, una diferencia de $115,000.
Hacienda indicó que, para estimar el impacto sobre el Fondo General, necesita que el DDEC provea información sobre los decretos vigentes, las solicitudes pendientes y las inversiones proyectadas. La agencia recomendó a la Comisión asegurar que la medida complemente el programa federal y evaluar su efecto sobre los decretos y proyectos en curso.
En representación del Departamento de la Vivienda, la licenciada Lumar Ayala Molina, endosó el espíritu y los propósitos de la medida y recomendó atender las observaciones de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), a cuyo criterio dio deferencia.
Entre esas observaciones, Vivienda destacó que mantener bajo un mismo nombre dos delimitaciones territoriales distintas puede confundir a los inversionistas y dificultar la auditoría de los proyectos. También recomendó evaluar la viabilidad financiera de los proyectos que contarían solo con incentivos locales y establecer criterios de revisión periódica de las zonas.
Como parte de su exposición, Ayala Molina presentó su cartera de vivienda: 28 proyectos con 4,420 unidades bajo el Programa de Créditos Contributivos para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) y 16 proyectos con 1,309 unidades bajo la Iniciativa de Desarrollo de Viviendas Unifamiliares (SFHDI). Aclaró que no todos cualificarían necesariamente como Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad.
Por su parte, el director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), licenciado Miguel B. Hernández Vivoni, en representación del Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar, apoyó el objetivo de fomentar vivienda asequible y recomendó incorporar salvaguardas de asequibilidad, acceso, transparencia, participación comunitaria y fiscalización.
Entre sus recomendaciones, propuso definir la asequibilidad con criterios medibles, como límites de renta o precio relacionados con el ingreso de los hogares, e incluir unidades para familias de ingresos bajos y personas en riesgo de perder su vivienda. También pidió condicionar los incentivos a compromisos verificables, con recuperación de beneficios en caso de incumplimiento, y que el DDEC publique información periódica sobre los proyectos acogidos al programa.
La Asociación de Constructores de Puerto Rico, representada por su presidenta, Pinsy Rivera Ortiz, endosó el proyecto, mientras sostuvo que los beneficios de la Ley 60-2019 son de carácter local y distintos de los federales, por lo que su continuidad no debe depender de los cambios al programa federal. Recomendó sustituir el término “vivienda asequible” por “Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y de Repoblación de Puerto Rico”, conforme a la Ley 100-2025.
De igual forma, el licenciado Rubén Ríos, representando a la Asociación de Industriales, también favoreció la medida porque preserva los incentivos locales y promueve el desarrollo de vivienda en la isla.
Ambas asociaciones señalaron que el Comité de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad, de composición interagencial, ha retrasado la aprobación de decretos y créditos. Explicaron que el DDEC aprueba el decreto con las tasas preferenciales y deja pendiente el porcentaje del Crédito por Inversión Elegible, lo que crea incertidumbre para los inversionistas. Por eso, propusieron que esas solicitudes las evalúe el Comité de Revisión de Incentivos Económicos (CRIE) del DDEC y que la decisión final recaiga en el secretario de la agencia, sin aumentar los porcentajes de crédito.
Rivera Schatz adelantó que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) preparará el informe sobre el impacto económico y fiscal de la medida.
