El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston denegó la solicitud de LUMA Energy para paralizar la demanda presentada por el Gobierno de Puerto Rico que busca la cancelación de su contrato suplementario, mientras se atiende la apelación radicada por la empresa contra una determinación previa de la jueza federal Laura Taylor Swain.
La decisión representa un nuevo revés judicial para el consorcio encargado de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, que ha intentado mantener el caso en el foro federal y evitar que continúe su trámite en los tribunales puertorriqueños.
La controversia surge luego de que Swain determinara en mayo que las demandas presentadas por el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) deben regresar a los tribunales estatales, al concluir que las reclamaciones relacionadas con la validez de la extensión del contrato de LUMA no corresponden a la jurisdicción federal de Título III.
Tras esa decisión, LUMA acudió al Primer Circuito en Boston y presentó varias mociones de emergencia solicitando una paralización (“stay pending appeal”) para impedir que los pleitos regresaran a Puerto Rico mientras se resolvía la apelación. La empresa argumentó que sufriría daños irreparables si los casos continuaban en el foro estatal.
Sin embargo, tanto la jueza Swain como ahora el Tribunal de Apelaciones han rechazado los intentos de detener el litigio. A principios de junio, Swain concluyó que LUMA no había demostrado una probabilidad significativa de prevalecer en la apelación ni un perjuicio irreparable que justificara suspender los procedimientos.
La demanda impulsada por la administración de la gobernadora Jenniffer González sostiene que la extensión indefinida del contrato suplementario de LUMA se realizó en violación de la ley y de principios básicos de administración pública. El Gobierno busca que se declare nulo dicho acuerdo y eventualmente se cancele la relación contractual con la empresa.
Con la determinación del Primer Circuito, el litigio podrá continuar su curso en los tribunales de Puerto Rico mientras se dilucida la apelación sobre el asunto jurisdiccional, una disputa que podría tener consecuencias significativas para el futuro de la operación del sistema eléctrico de la Isla.
