(San Juan, Puerto Rico – 17 de marzo de 2026) – El presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD) y pasado presidente de la Organización del Comercio Detallista de las Américas (OCTA), Dr. Ramón Barquín, emitió hoy un llamado urgente y estructurado a las autoridades estatales y federales para que activen de inmediato los poderes extraordinarios disponibles bajo ley, a los fines de mitigar el impacto del alza en los combustibles y contener sus efectos inflacionarios sobre la economía de Puerto Rico.
El Dr. Barquín subrayó que este planteamiento descansa en el análisis técnico de asesores y especialistas en materia legal, energética y económica, y en un conjunto claro de leyes y reglamentos vigentes que facultan al Estado a intervenir en situaciones de emergencia.
“Estamos ante una dislocación global extraordinaria que requiere respuestas extraordinarias, pero plenamente sustentadas en el estado de derecho. Puerto Rico cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para actuar de inmediato. Lo que se requiere ahora es voluntad, coordinación y ejecución,” expresó.
El líder empresarial destacó como eje central la Ley Insular de Suministros, Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, la cual confiere amplios poderes al Gobierno de Puerto Rico para fijar precios, márgenes de beneficio, comprar, vender, importar artículos de primera necesidad y, en términos generales, controlar cualquier aspecto de dichos bienes, incluyendo la incautación de bienes y negocios y la contratación de transportación para asegurar el abasto.
Recordó además que esta ley fue validada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Department of Consumer Affairs v. Isla Petroleum, 485 U.S. 495 (1988), en el cual se sostuvieron órdenes de DACO que requerían a las compañías petroleras absorber el costo de la “crudita” sin trasladarlo al consumidor.
“El precedente es claro: el Estado puede intervenir en la estructura de costos del combustible en momentos extraordinarios, y hacerlo dentro de parámetros constitucionales. Esa autoridad existe y ha sido validada,” indicó.
Asimismo, el Dr. Barquín enfatizó la importancia de la Ley 272-2000, legislación complementaria que amplía los poderes de DACO en situaciones de emergencia y dispone expresamente que, una vez declarada una emergencia, todos los bienes y servicios en Puerto Rico pueden ser considerados de primera necesidad.
“Esto permite una intervención más abarcadora en la economía, siempre y cuando exista una declaración de emergencia vigente. Es un instrumento clave para estabilizar precios en momentos de crisis severa,” sostuvo.
De igual forma, señaló que el Reglamento de Precios de Combustibles Núm. 45, según enmendado el 11 de mayo de 2012 (Reglamento 7721), constituye otra herramienta regulatoria que debe ser evaluada en cuanto a su vigencia y activación para atender esta coyuntura.
“Este reglamento fue diseñado precisamente para intervenir en la estructura de precios del combustible. Es imperativo que se examine su estado actual y se utilice, de ser procedente, como mecanismo de estabilización,” añadió.
El presidente del CUD reiteró que estas herramientas legales deben ser utilizadas de manera temporera y estratégica, reconociendo que la crisis responde a factores geopolíticos externos, particularmente la interrupción del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente un 20% del petróleo mundial y múltiples insumos críticos.
“Estamos ante un choque sistémico que impacta no solo el petróleo, sino fertilizantes, petroquímicos, gas natural, aluminio y otros insumos esenciales para la economía global. Ese impacto se traduce en inflación, aumento de costos energéticos y presiones sobre toda la cadena de abastecimiento,” explicó.
El Dr. Barquín subrayó que Puerto Rico enfrenta esta crisis desde una posición particularmente vulnerable, al ser una economía insular altamente dependiente de importaciones.
“Puerto Rico importa prácticamente todo. Cuando suben los costos globales de energía y transporte, el impacto aquí es inmediato y profundo. No tenemos amortiguadores estructurales, por lo que la respuesta de política pública debe ser más ágil y decisiva,” indicó.
En ese contexto, el líder empresarial propuso un conjunto de medidas extraordinarias, todas de carácter temporero:
Suspensión temporera de la contribución sobre el petróleo y sus derivados (“crudita”) por un periodo de 30, 60 o 90 días.
Implementación de un “gas tax holiday” a nivel estatal y coordinación con el gobierno federal para considerar la suspensión del impuesto federal a la gasolina.
Evaluación de mecanismos regulatorios para la absorción parcial de costos dentro de la cadena de distribución, conforme al precedente validado por el Tribunal Supremo.
Activación de poderes bajo la Ley 228 y la Ley 272-2000 para controlar precios y márgenes en situaciones de emergencia.
Revisión y posible activación del Reglamento de Precios de Combustibles Núm. 45.
Solicitud al gobierno federal para una flexibilización o pausa temporera en las leyes de cabotaje.
Utilización de herramientas federales disponibles en contextos de emergencia o conflicto, incluyendo medidas relacionadas con reservas estratégicas y flexibilización regulatoria.
El Dr. Barquín también explicó que la naturaleza de estas medidas las hace compatibles con el marco fiscal vigente bajo PROMESA.
“Estas acciones pueden estructurarse de forma fiscalmente neutral y temporera, lo cual las hace viables ante la Junta de Supervisión Fiscal. No estamos proponiendo cambios estructurales permanentes, sino intervenciones puntuales para manejar una crisis específica,” señaló.
Asimismo, enfatizó que la activación de muchos de estos mecanismos requiere una declaración formal de emergencia.
“Es importante recordar que la declaración de emergencia a nivel estatal es solicitada por el principal ejecutivo de Puerto Rico al Presidente de los Estados Unidos. Esa coordinación es esencial para activar plenamente los poderes extraordinarios disponibles tanto a nivel local como federal,” explicó.
El presidente del CUD hizo además un llamado al sector empresarial a actuar con prudencia durante este periodo.
“Exhortamos a nuestros empresarios a ser conservadores en el gasto, a proteger su liquidez y a operar con disciplina. A la misma vez, deben mantenerse activos en la generación de ingresos, siempre dentro del marco legal,” expresó.
Finalmente, el Dr. Barquín enfatizó la importancia del liderato en momentos de crisis.
“La empresa privada genera el capital y el empleo que sostiene a nuestra sociedad. Las MiPYMES representan cerca del 95% de nuestro tejido empresarial y no tienen la capacidad de absorber indefinidamente estos costos. Si no actuamos a tiempo, el impacto recaerá inevitablemente sobre el consumidor,” indicó.
“En momentos de crisis se requieren acciones de liderato extraordinario. Puerto Rico tiene las herramientas, tiene el conocimiento y tiene la capacidad. Ahora corresponde actuar con determinación para proteger nuestra economía y nuestro pueblo,” concluyó.
