(El Capitolio – 5 de mayo de 2025) – Con el fin de agilizar el procesamiento de posibles casos de corrupción, la Cámara de Representantes aprobó este lunes en sesión ordinaria una medida que permite a la Oficina del Inspector General (OIG) referir a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) los hallazgos de investigaciones vinculadas con irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El presidente de este cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, radicó el Proyecto de la Cámara 309 para otorgar más cohesión entre las agencias fiscalizadoras, de manera que la OIG tendrá las mismas facultades que la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en cuanto a presentar, “sin dilaciones innecesarias”, los informes sobre posibles delitos contra la función pública.
“Esta ley es una pieza clave que, conjunto con otras, afianzarán un sistema más ágil, eficaz y completo en la garantía de nuestra administración en la lucha por el fortalecimiento de la integridad gubernamental”, indicó el autor en la exposición de motivos de la pieza legislativa. “Es necesario actualizar y fortalecer las interacciones entre las entidades fiscalizadoras”.
Durante el proceso de votación final, el proyecto recibió el favor de 45 representantes de todas las delegaciones políticas.
Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló una pieza cameral que actualiza las regulaciones sobre el uso y venta de artefactos pirotécnicos al establecer una nueva ley de fuegos artificiales en Puerto Rico. Se trata del Proyecto de la Cámara 37, del presidente Méndez Núñez, para reestablecer las reglamentaciones sobre la venta y expedición de licencias de estos materiales explosivos.
La medida derogaría la vigente Ley de Pirotecnia de Puerto Rico (Ley 83-1963) por una falta de claridad sobre los diferentes artefactos existentes en el mercado actual y no estar atemperada con las regulaciones federales.
“Existe la necesidad de establecer una nueva ley que rija la venta, uso de pirotecnia y fuegos artificiales en Puerto Rico, en la cual se exprese de manera clara y contundente qué artefactos son prohibidos, con definiciones precisas sobre los diferentes productos que pudiesen estar disponibles al público”, afirmó Méndez Núñez.
Entre las disposiciones, el proyecto impone que todo manufacturero, distribuidor, vendedor al por mayor o vendedor al detal obtenga una licencia expedida por el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Establece, además, la temporada de venta y el desarrollo de una campaña de orientación, que se llevará a cabo en dos periodos durante cada año: del 1 de junio al 31 de julio, con motivo de las conmemoraciones de la independencia de los Estados Unidos (4 de julio) y de la Constitución del Estado Libre Asociado (25 de julio); y del 15 de noviembre al 7 de enero con ocasión de la época navideña.
Otras medidas aprobadas
La Cámara respaldó esta tarde un paquete de proyectos de administración relacionados al sistema de evaluación de jueces y medidas para combatir la violencia doméstica en la Isla.
El primero de ellos es el Proyecto de la Cámara 440, que eliminaría de la Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces (Ley 91-1991) la obligación de que se publique en un periódico de circulación general por lo menos una vez al año el registro con los nombres de todos los solicitantes.
La medida recibió 32 votos a favor de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero fue rechazada por las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Asimismo, el pleno dio paso unánimemente al Proyecto de la Cámara 416, que busca eliminar la discreción del tribunal disponer la expedición de órdenes de protección inmediatamente que sean solicitadas por una víctima de violencia doméstica.
Como parte de las enmiendas incluidas en el trámite legislativo, la medida también aclara en la Ley 54 de 1989 que el tribunal deberá citar una vista no más tarde de 24 horas laborables de emitida la orden de protección ex parte y se llevará a cabo en un término que no excederá de cinco días.
También contó con el aval del cuerpo legislativo el Proyecto del Senado 432, que propone requerir como parte del sistema de educación judicial que todos los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia reciban adiestramientos en el tema de la violencia doméstica. La legislación establece que este este adiestramiento será ofrecido al menos dos veces al año por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
Por último, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 556, de la autoría del representante Ángel Morey Noble, para extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la fecha límite en que la Asamblea Legislativa tendrá el deber de evaluar y aprobar el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
La Ley 33-2019 establece que la Legislatura tiene hasta el 30 de junio de 2025 para completar la evaluación del plan sometido por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, pero el legislador, quien preside la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia, destacó que esta fecha es insuficiente para aprobar el voluminoso documento de “manera responsable y ponderada”.
Aseguró en la exposición de motivos del proyecto que la ejecución del plan tendría un posible impacto fiscal de $1,200 millones sobre las finanzas del gobierno, según información revelada durante las vistas de transición de la actual administración.
Por tal razón, podría arriesgar la estabilidad financiera y operacional del gobierno de Puerto Rico el que se apruebe de modo automático “sin que se consideren los costos, recursos y demás variables necesarias”.
“Decidimos enmendar este proyecto para ayudarnos a nosotros mismos a tener el tiempo necesario para una medida tan importante que va a impactar nuestras vidas por los próximos 50 a 100 años. Hacerlo a la ligera es una falta de consideración de parte de nosotros”, indicó Morey Noble.
Aunque la Cámara se disponía a considerar la designación de la licenciada Leila Rolón Henrique como miembro en propiedad del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), el nombramiento quedó pendiente de ser atendido en respuesta a una petición del representante Héctor Ferrer Santiago para que sea evaluado en vista pública.
El presidente cameral acogió la cuestión de orden y determinó resolver en 48 horas cómo atenderían el nombramiento.
