(El Capitolio – 6 de noviembre de 2025) – La Cámara de Representantes aprobó este jueves con 37 votos a favor el proyecto de ley que busca prohibir en Puerto Rico la venta, distribución y uso de productos derivados del cáñamo que han sido alterados con cantidades mayores a 0.3 % de tetrahidrocannabinol (THC).
El Proyecto de la Cámara 223, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, delega al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) junto a la Oficina de Licenciamiento e Inspección del Cáñamo (OLIC) la fiscalización de los anuncios y el despacho de estos productos en comercios que no son dispensarios de cannabis medicinal autorizados.
De acuerdo con el legislador, la medida atendería la proliferación de estas sustancias sintéticas en tiendas, smoke shops, gasolineras y hasta panaderías. El proyecto en su versión final detalla que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) considera que los cannabinoides sintéticos representan “riesgos significativos” para la salud pública debido a su potencia, efectos impredecibles y la falta de regulación.
“Eso viene de todas formas, de todas clases, de todas envolturas. Eso viene en ‘gummies’, eso viene en paletas, hasta ‘cupcakes’ y galletas tienen. Increíblemente, hasta hay farmacias de comunidad que tienen esos productos”, expresó Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud, durante la presentación de la pieza legislativa.
El propulsor de la medida detalló en su turno que la Comisión de Salud recogió muestras de estos productos encontrados en los comercios y los envió al laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para detectar los niveles de THC. De cinco de productos, tres resultaron con niveles de THC mayor de 0.3 %, aseguró el representante.
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) se abstuvo de votar sobre la medida luego de que el portavoz Héctor Ferrer Santiago presentó enmiendas en sala para prohibir los productos de cáñamo de manera absoluta que no fueron acogidas por el pleno.
Tampoco contó con el respaldo del cuerpo la petición del legislador para que la medida fuera devuelta a la Comisión de Salud. “Estos productos no deben llegar a las manos de los seres humanos, de los puertorriqueños. Hay que prohibirlo”, insistió el portavoz.
Rodríguez Aguiló explicó que la prohibición total incumpliría con la regulación federal establecida en la Ley Agrícola de 2018, que legaliza el cáñamo siempre que tenga una concentración de 0.3 % de THC en su estado seco. El proponente también reiteró que la legislación no interviene con la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.
“No afectamos ninguna industria en Puerto Rico. Si los 677 productos (de cáñamo) que están autorizados hoy cumplen con la ley federal, no tienen problema. En ninguna forma afectamos el cannabis medicinal. No tiene que ver nada con eso”, planteó.
“Estos un asunto serio de salud. Esta oportunidad que tenemos hoy en la Cámara de Representantes es para combatir esa epidemia de estos productos que están en libre acceso, en cualquier lugar de Puerto Rico, sin ningún tipo de regulación”, abundó Rodríguez Aguiló..
La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) respaldó el proyecto, mientras que la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, votó en contra.
Otras legislaciones aprobadas en sesión
Entre otras medidas, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 181, que propone la creación de un registro especial por municipio de los parques e instalaciones recreativas libres de barreras para uso de las personas con impedimentos.
La pieza legislativa, impulsada por el representante Ramón Torres Cruz, se apoya en la protección de los derechos de la población con impedimentos estimada en más de 720,000 personas en la Isla.
“Las personas con discapacidad o impedimentos, en muchas ocasiones, sufren el no poder disfrutar de las facilidades públicas que todos y cada uno de nosotros debemos disfrutar”, indicó Torres Cruz. “No existe un registro donde se verifique y se pueda ver qué facilidad pública está disponible para personas con discapacidad”.
El desarrollo del registro estará a cargo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).
Las agencias también tendrán la obligación llevar a cabo una campaña de información pública, que incluirá la publicación del registro en los portales de Internet y la promoción de estas facilidades como puntos de interés con la Compañía de Turismo.
Además, el proyecto establece los mecanismos para que las instalaciones sean inspeccionadas de manera periódica.
El pleno también dio paso al Proyecto de la Cámara 113 con el fin de establecer la Carta de Derechos para el Acceso a la Justicia y un Trato Justo para Menores Víctimas o Testigos. La propuesta legislativa de la representante Wanda del Valle Correa persigue disponer protecciones especiales a los niños y niñas víctimas o testigos de delitos cuando se enfrenten a procesos judiciales y administrativos.
A su vez, la Cámara favoreció el Proyecto de la Cámara 531, del representante José “Che” Pérez Cordero, para aclarar que el recurso de certiorari es el mecanismo procesal para recurrir al Tribunal de Apelaciones en una revisión judicial de multa administrativa bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.
Otra medida secundada por el pleno fue la Resolución Conjunta de la Cámara 143, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Departamento de Hacienda poner en vigor la disposición de la Ley 96-2022 para que un ciudadano comience a acogerse a los descuentos provistos en el Artículo 23.05 de la Ley 22 luego de la determinación del tribunal. La medida fue presentada por el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras.
Mientras tanto, la Resolución de la Cámara 449, del representante José Aponte Hernández, fue aprobada a viva voz para investigar la incidencia de niños con la condición de apraxia del habla, así como los servicios y tratamientos disponibles en Puerto Rico.
El cuerpo legislativo también aprobó los Proyectos del Senado 47 y 96, que buscan, respectivamente, enmendar las Reglas de Procedimiento Civil para prevenir la sugestividad en el proceso de identificación de un sospechoso y atemperar el sistema de penas en la Ley de Juegos de Azar con las del Código Penal.
La Cámara recesó sus trabajos de la sesión hasta el próximo lunes, 10 de noviembre, a las 11:00 a.m.
