(El Capitolio – 24 de junio de 2026) – La Cámara de Representantes aprobó durante los trabajos de la Sesión Ordinaria la Resolución Conjunta de la Cámara 372 que asigna $20 millones provenientes del la Resolución Conjunta de Presupuesto, para el próximo año fiscal, y otorga asignaciones a entidades sin fines de lucro que propendan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
La medida, de la autoría del líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante Eddie Charbonier Chinea, recibió 44 votos a favor y cuatro en contra, estipula estos fondos a entidades semipúblicas, públicas y privadas que tienen como objetivo el desarrollo de programas de bienestar social, salud, educación, cultura.
Las organizaciones interesadasdeben someter sus propuestas ante la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario incluyendo los objetivos, actividades, presupuesto y resultados esperados, los cual deben estar alineados a lograr un impacto en las comunidades a las que sirven.
Además, fue refrendado el Proyecto de la Cámara 623, de la representante Wanda Del Valle Correa, para enmendar la “Ley de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra de la Adicción” a los fines de establecer adiestramientos, cursos y talleres de carácter preventivo y educativo ante la conducta de violencia doméstica.
Al presente, este tipo de programas son ofrecidos a modo de reeducación a las personas que resultan convictas de incurrir en este tipo de conducta.
La iniciativa tiene como norte que se ofrezcan las herramientas dirigidas a prevenir esta conducta y concienciar sobre el efecto adverso de este comportamiento sobre la familia y la sociedad.
También busca promover un modelo de articulación interagencial con las entidades públicas y del sector que atiende esta problemática.
A renglón seguido, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 1013, del representante Ángel Morey Noble, con el propósito de consolidar en la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” las disposiciones relativas a la política pública en torno al problema de obesidad que afecta a los estudiantes de las escuelas del sistema público, a la vez que se deroga la ley del Consejo Asesor de la Salud Escolar y Control de Obesidad del 2012.
Se le dio paso, además, al Proyecto de la Cámara 144, también del representante Morey Noble, para enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico “a los fines de clarificar, y ampliar las facultades y deberes conferidos a los comités de transición entrantes cuando estos procesos de se produzcan por razón de que un alcalde incumbente no permanezca en la posición por situaciones tales como muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente”.
En la actualidad este cuerpo de ley provee un proceso completo para la transición en el caso luego de elecciones generales, no así en otras circunstancias, por lo que esta pieza busca uniformar el procedimiento para dar certeza, fortaleza y transparencia a estos trabajos.
A la lista de aprobaciones se unió el Proyecto de la Cámara 1080, de Administración, que busca modernizar la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), con el propósito de actualizar el procedimiento de reglamentación administrativa que se rige mediante esta legislación.
Esta medida crea el Boletín de Reglamentos de Puerto Rico, como portal centralizado y canal oficial del Gobierno para la publicación de avisos de reglamentación, tomando como referencia el Federal Register de los Estados Unidos. Mientras que el boletín constituirá una plataforma digital donde se publicarán las propuestas de adopción, enmienda o derogación de reglamentos, los avisos de vistas públicas y las notificaciones finales de aprobación.
Por descargue, el pleno atendió el Proyecto de la Cámara 1064, de los representantes José “Pichy” Torres Zamora y Héctor Ferrer Santiago -por petición de la Asociación de Empleados Judiciales – a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico y así disponer que estos pueden acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio así como para extender por excepción la edad de retiro obligatorio para estos empleados a 62 años.
Asimismo, fue ratificado el Proyecto de la Cámara 1325, de los representantes Méndez Núñez y Ramón Torres Cruz, para enmendar la “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”. Su propósito es disponer que no se descontará o ajustará la compensación individual que se remite anualmente a los miembros elegibles retirados de la Policía de Puerto Rico, proveniente de la distribución de este Fideicomiso por razón de los ingresos o pagos recibidos por concepto del Seguro Social, en conformidad con el marco legal vigente federal.
La Resolución Conjunta de la Cámara 328, del representante Axel “Chino” Roque Gracia, fue avalada para designar el tramo desde el kilómetro 3.5 hasta el 5.5 de la carretera estatal PR-181, en la jurisdicción del municipio de Naranjito, con el nombre de José “Toñín” Cátala Berríos para honrar su legado como presidente de la Asociación de Porteadores Públicos de Puerto Rico.
