Se aprueba legislación para restituir la autonomía operativa y administrativa de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (AAFPR)
(El Capitolio – 22 de abril de 2025) La Cámara de Representantes avaló en Sesión Ordinaria el Proyecto de la Cámara 15 con el fin de enmendar “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para establecer por ley que el ministerio público puede solicitar la celebración de una vista en alzada en una fecha que no excederá de tres días laborables, en aquellos casos no se halle causa para arresto o se determine causa por un delito inferior o distinto contra el alegado agresor.
Esta fecha será pautada sin necesidad de presentar un documento escrito, al momento de solicitar la vista. Si se presenta mediante moción, el Tribunal pautará la vista en alzada para una fecha que no excederá de tres días laborables a partir de que se presente la documentación.
La medida, radicada por el presidente de la Cámara, el representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la representante Wanda Del Valle, además reestructura toda la sección de las definiciones de la Ley 54 de 1989, debido a las múltiples enmiendas que se le han introducido a la legislación.
Específicamente, la definición de Agente del Orden Público la cual no ha sido atemperada los cambios introducidos por la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como ‘Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico’.
Asimismo, permite que se expida una orden de protección aun cuando no esté presente la víctima y el consentimiento de la víctima a su expedición pueda ser acreditada a través del Ministerio Público, un agente del orden público, un técnico de asistencia a víctimas, intercesor o cualquier medio fehaciente para acreditar dicha autorización como puede ser una declaración jurada.
También se enmienda la definición de maltrato económico, cuando la persona ilegalmente se apropia sin violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a la víctima ya sea cuando se toma sin el consentimiento de esta o cuando mediante treta o engaño se induce a la víctima a realizar un acto de disposición de un bien. De encontrarse culpable se le impondrá a la persona una pena de restitución.
En este renglón, será considerado maltrato agravado, cuando el monto de los bienes sea de un valor de 2 mil dólares o más.
Igualmente será tratado como delito agravado, cuando se utilice cualquier dispositivo tecnológico para determinar o monitorear la localización o movimiento de una persona o de la propiedad privada de esta sin que medie la autorización expresa de dicha persona.
Se añade como maltrato mediante amenaza, cuando se advierte que se causará daño a un animal o mascota perteneciente a la víctima.
A renglón seguido se avaló el Proyecto de la Cámara 465, de Administración, para enmendar la “Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico” a los fines de restituir la autonomía operativa y administrativa de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (AAFPR) y facultarla para establecer sus propios procedimientos de adquisición, conforme a sus necesidades particulares.
Esta legislación establece una política pública eficiente, ágil y adaptada a las realidades operacionales de cada entidad en el gobierno federal a la vez que corta la burocracia. Esto al permitir que la AAFPR opere con mayor autonomía en sus procesos administrativos, se fortalece su capacidad de cumplir con su función estratégica de representación y defensa de los intereses de Puerto Rico ante el Gobierno federal.
Al mismo tiempo fue favorecido el Proyecto de la Cámara 139, presentado por el representante Ángel Morey Noble para enmendar tanto el “Código Municipal de Puerto Rico” como la “Carta de Derechos de los Policías” para ampliar el radio de acción investigativo de los policías municipales para que puedan procesar delitos tipificados como graves y menos grave conforme al Código Penal de Puerto Rico, en colaboración con la policía estatal.
El representante Morey Noble clarificó que aun cuando se amplía el campo de acción de los policías municipales, estos no les aplicará la Reforma de la Policía.
El autor de la medida calificó la legislación como una de justicia para los policías municipales, “que han estado marginados en comparación a sus homólogos del cuerpo de la policía estatal, aunque ambos salen de sus hogares sin saber si van a regresar”. Sus palabras que fueron secundadas por la representante Swanny Vargas Laureano.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón, destacó la labor que realizan, pero se mostró preocupado de la exclusión de estos de la Reforma de la Policía, “si tú le vas a otorgar a la Policía Municipal con la individualidad de cada policía, con sus propios reglamentos con la ley que le reconoce unas funciones y decir que vas a hacer labores correspondientes de investigación, de trabajo especializado y atención de un conjunto de delitos, no me parece sensato eximirlos del cumplimiento de la Reforma”.
A tenor con estas nuevas funciones que se les adscriben, se procura extenderles nuevos beneficios y privilegios, costeados por el Estado, que favorecen a los policías estatales, tales como la participación en el Fondo de Becas para sus hijos, hijastros y el cónyuge sobreviviente, así como el derecho a una pensión a las viudas, hijos menores o incapacitados de miembros de la policía que fallecen estando activos en la fuerza por causas no relacionadas al servicio.
Otra pieza aprobada fue el Proyecto de la Cámara 36, del presidente cameral para crear la “Ley de Alojamiento Temporero para los Residentes de Vieques y Culebra, con el objetivo de ofrecer albergue temporero a los residentes que deban pernoctar en la Isla Grande cuando un hijo o un familiar tengan que ser recluidos en un hospital para recibir servicios de salud y no pueden volver el mismo día a su residencia.
El programa estará coordinado por el Departamento de la Vivienda (DV) y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), a los fines de ofrecer albergue en los municipios de Ceiba, Fajardo y Luquillo a residentes de las islas municipio debido a que en muchas ocasiones han tenido que dormir uno o varios días en el terminal de lanchas, por no tener los recursos económicos para alojarse en un hotel.
En la exposición de motivos del proyecto expresa que “es nuestra responsabilidad proveer medios necesarios para que los residentes de Vieques y Culebra puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Entendemos que la aprobación de esta medida legislativa es un acto necesario y de justicia social para los viequenses y culebrenses”.
Dentro del programa el DV en coordinación con la CTPR, identificará por los menos tres complejos hoteleros, establecimientos dedicados a la hospedería a rentas a corto plazo dentro de los municipios de Fajardo, Luquillo y Ceiba para lograr acuerdos contractuales o colaborativos que permita el alojamiento temporero de residentes de las islas municipios debido principalmente a que están atendiendo situaciones de salud o situaciones relacionadas.
El lenguaje de la medida establece que en ninguna circunstancia esta ley será de aplicabilidad a viajes relacionados de placer, turísticos, de trabajo o negocios.
Mientras, se dejó para un turno posterior el Proyecto de la Cámara 148, del representante Morey Noble para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” para agrupar y consolidar bajo esta legislación toda la política pública que trabaja con el problema de obesidad que afecta a los estudiantes del sistema educativo.
Por otra parte, se favoreció el Proyecto de la Cámara 171, del representante José “Pichy” Torres Zamora, para enmendar la Regla 9.3 de las de Procedimiento Civil para añadir los factores a ser considerados por el tribunal cuando una parte solicite la descalificación de un abogado que comparezca a un caso a favor de la otra parte en conflicto.
Para ello, el tribunal deberá analizar si quien solicita tiene legitimación activa para invocar la descalificación, la gravedad de la posible violación ética involucrada, la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el peritaje de los abogados implicados, la etapa en la que surja la petición y si la moción se utiliza como mecanismo para dilatar los procedimientos.
El tribunal dará oportunidad a la parte afectada de presentar pruebas en su defensa.
Aumentan penalidades por explotación financiera a personas de edad avanzada
De igual modo, fue ratificado el Proyecto de la Cámara 180, del representante Edgar Robles Rivera que modifica el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de modificar las cantidades monetarias y establecer penas fijas a los delitos de explotación financiera de personas de edad avanzada.
El autor de esta legislación señaló que “con esta medida se corrige la brecha que existe en cuanto a la explotación financiera y responde a una realidad que no se puede ignorar; con ello enviamos un mensaje claro que esta Asamblea Legislativa nunca dejaremos de luchar por la dignidad de nuestros mayores”.
Mientras que la coautora de medida, la representante Vargas Laureano indicó que se busca hacer justicia a los adultos mayores ya que no todos, pero muchos son parte de una población vulnerable. Este proyecto, según la representante pretende ser un disuasivo para los que buscan explotar a los adultos mayores.
En los casos en que la cantidad de fondos sea hasta 500 dólares, el ofensor incurrirá en delito menos grave. Si el valor de los activos o propiedad mueble o inmueble envueltos en la explotación financiera es mayor de 500 dólares y hasta 10 mil dólares, el ofensor será sancionado con una pena de reclusión por un término fijo de tres años. Si el monto sobrepasa la antes mencionada cuantía, el culpable será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho años. En todos los casos se impondrá pena de restitución.
Asimismo, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 211, del representante Luis “Junior” Pérez Ortíz, para enmendar la “Ley para el Bienestar y Apoyo a la Mujer Veterana en Puerto Rico” con el objetivo de incluir en la definición de mujer veterana, la nueva rama de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial de manera que las mujeres veteranas de dicha rama puedan acceder a los servicios y recursos necesarios, tal como se contempla en la ley vigente.
Más adelante, se dio paso al Proyecto de la Cámara 275 del representante Edgardo Feliciano Sánchez y la representante Elinette González Aguayo, para declarar el 22 de abril de cada año como el “Día Internacional del Planeta Tierra”, con el objetivo de concientizar y fomentar la preservación del planeta para futuras generaciones.
De igual manera, se favoreció el Proyecto de la Cámara 293, de la representante Tatiana Pérez Ramírez, decretar en Puerto Rico el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de DECA” (Distributive Education Clubs of America, por sus siglas en inglés) en reconocimiento a las aportaciones positivas que los estudiantes y egresados de esta organización estudiantil han realizado a la sociedad y en el Sistema Público de Enseñanza.
Esta agrupación, conocida en Puerto Rico como Asociación de Estudiantes de Mercadeo, se dedica a la formación de líderes y empresarios emergentes en las áreas de mercadeo, negocios y finanzas entre otras áreas.
Medidas senatoriales
Mientras, se dejó para un turno posterior el Proyecto del Senado 65, que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para extender a cinco años el término de renovación de permisos para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en los vehículos de motor.
Lo mismo ocurrió con la Resolución Conjunta del Senado 26, que autoriza al municipio de Trujillo Alto a utilizar la antigua escuela elemental Antonio S. Pedreira para establecer oficinas administrativas gubernamentales, municipales estatales y federales, así como proyectos comunitarios o de organizaciones sin fines de lucro.
Otras medidas
A renglón seguido, fue devuelta a la Comisión de Asuntos Internos, la Resolución de la Cámara 17, de la representante Wanda Del Valle Correa, para investigar sobre la situación del manejo de desperdicios sólidos en los municipios de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto y su impacto en las arcas municipales.
Por otro lado, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 153, del representante Morey Noble, para estudiar las condiciones actuales de las estaciones de bombeo ubicadas en los municipios de Guaynabo y Cataño y garantizar su mantenimiento, operación y funcionamiento.
La Resolución de la Cámara 154, del representante Ensol Rodríguez Torres, recibió el aval para realizar una investigación sobre el estado actual de conservación y custodia de las Piedras del Padre Nazario, que consiste en una colección de petroglifos de origen precolombinos descubiertos a finales del siglo 19 en Guayanilla, así como las gestiones realizadas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) para su protección.
Finalmente se aprobó la Resolución de la Cámara 193 radicada por el representante Ricardo “Chino” Rey Ocasio, para estudiar la viabilidad de lograr la adaptación de todos los balnearios de Puerto Rico con facilidades para el disfrute de personas con diversidad funcional, de modo que esta población tenga acceso a lugares de entretenimiento.
Durante los trabajos se favoreció una moción de felicitación presentada por el portavoz en funciones del Partido Popular Democrático el representante Domingo Torres García a la meteoróloga y periodista Deborah Martorell, por ser escogida para participar en una misión espacial. La delegación del Partido Nuevo Progresista se unió a esta moción.
